Según ha informado el Gobierno autonómico, estos expedientes se han presentado ante las nueve Oficinas Territoriales de Trabajo (OTT), la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Consejería de Empleo e Industria y el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por provincias, en Ávila se han presentado 960 ERTE que afectan a 3.935 trabajadores; en Burgos, 2.142 ERTE para 11.795 trabajadores; en León, 4.149 ERTE para 14.436 trabajadores; en Paencia, 1.186 ERTE para 5.475 trabajadores; en Salamanca, 2.594 ERTE para 9.575 trabajadores; en Segovia, 1.482 ERTE para 6.691 trabajadores; en Soria, 851 ERTE par 4.734 trabajadores; en Valladolid, 4.137 ERTE para 16.784 trabajadores, en Zamora, 1.399 ERTE par 4.914 trabajadores.

Por su parte, ante la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales se han presentado 207 ERTE que afectan a 22.904 trabajadores, mientras que ante el Ministerio de Trabajo y Economía Social se han presentado 23 ERTE para 552 trabajadores.

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha incorporado un nuevo contenido en el portal web de la Junta para facilitar una visualización clara de la evolución de los ERTE recibidos por la autoridad laboral en la Comunidad y su impacto potencial sobre el empleo en el contexto de la crisis del coronavirus COVID-19.

La autoridad laboral competente para tramitar estos expedientes de regulación son las Oficinas Territoriales de Trabajo de Castilla y León, cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia.

Asimismo, la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta es la correspondiente cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de una provincia, pero tenga más de 200 trabajadores afectados; cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de dos o más provincias de Castilla y León, y cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo situados en el territorio de dos o más comunidades autónomas, pero el 85 por ciento de la plantilla de la empresa, como mínimo, radique en el ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León y existan trabajadores afectados en la misma.

Por último, el responsable es el Ministerio con competencias en el ámbito laboral cuando la empresa disponga de centros de trabajo en dos o más comunidades autónomas.