La familia de Francisco Javier Collado Rivas, que con 38 años se convirtó el pasado 20 de marzo en el segundo agente de la Guardia Civil muerto por coronavirus, presentará una demanda para que el Estado reconozca que falleció en acto de servicio y "se depuren todas las responsabilidades que pudieran proceder".

Así lo ha anunciado a 20minutos.es Jorge Piedrafita, el abogado de la viuda y el hijo de 10 años de Collado, que ha explicado que con ese reconocimiento "cobrarían el doble de pensión, ya que han tenido la desgracia que han tenido". Si no se admitiera que murió en acto de servicio, ha dicho, se quedarían con "unos 800 euros ella y otros 400" el niño.

Según Piedrafita, existen "suficiente indicios" de que el fallecido, que antes de morir estaba de baja laboral por haberse contagiado, se infectó en la prisión de Herrera de la Mancha, en Ciudad Real, donde ejercía labores relacionadas con la seguridad del recinto y el traslado de presos.

"Hay otros dos guardias civiles de la misma cárcel con coronavirus y además, los agentes no disponían de todos los equipos de protección individual que habían pedido", afirma Piedrafita, que asegura también que a Collado no le hicieron la prueba para comprobar si había enfermado por el Covid-19 hasta que "estuvo mal" ya en cuarentena en su casa.

"No se están realizando los test a todos los efectivos que durante el servicio han podido tener contagio por contacto con personas infectadas y se les sigue haciendo prestar servicio con el riesgo que ello implica para su salud y la des resto de ciudadanos", denuncia el abogado.

También asegura que Collado era una "persona sana" y "no tenía patologías previas". "Le dijeron que podía ser gripe y no vino a buscarle una ambulancia hasta el cuarto día de confinamiento, cuando murió en el hospital", cuenta, y añade que evaluarán "si la actuación médica fue la correcta".

La familia del agente, afirma Piedrafita, está "destrozada" y recibe "el apoyo" de un psicólogo de la Guardia Civil.

El abogado señala que evaluarán si actuar legalmente por la vía penal para "pedir responsabilidades al Estado por no facilitar protección a los agentes" o por la contencioso-administrativa. En el primer caso, explica, el Estado, si fuera considerado responsable, estaría obligado a compensar económicamente a la familia y en el segundo, además, "los funcionarios directamente implicados podrían tener que responder de un delito".

El padre carga contra el Gobierno

El padre del agente fallecido, Vicente Collado, cargó contra el Gobierno a través de su perfil de Facebook. “Soy el padre del guardia civil muerto hoy en Ciudad Real y vengo de enterrarlo por culpa de un Gobierno inepto y un ministro del Interior aún peor por no preocuparse por su gente que está velando por nuestra seguridad, y de la sanidad y el traslado de enfermos al hospital", escribió. Y siguió: "Mi hijo estuvo en casa cuatro días esperando al médico que fuese a comprobar su estado, hasta el cuarto día por la noche en que el pidió ayuda por encontrarse mal y que lo llevasen a un hospital y la ambulancia tardó tres horas en acudir, pues según ellos su horario de apertura era a las 8:00, así pues cuando llegó al hospital ya estaba prácticamente muerto”.

Presidente de la AEGC

Francisco Javier Collado Rivas fue presidente de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC), entidad que se ha encargado de asistir jurídica y administrativamente a su familia.