Una jueza de Madrid investiga al delegado del Gobierno por permitir el 8M en plena expansión del coronavirus

Foto recurso del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
Foto recurso del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco.
DELEGACIÓN DE GOBIERNO

Una jueza de Madrid ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia contra el delegado del Gobierno en la Comunidad madrileña, José Manuel Franco, presentada por un particular por haber permitido concentraciones multitudinarias entre los pasados días 5 y 14, como las del 8 de marzo.

Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid tras recibir el pasado día 20 dicha denuncia, que fue presentada contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y contra todos los delegados del Gobierno de las diferentes comunidades autónomas, así como de Ceuta y Melilla, informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad madrileña.

La denuncia dice que no prohibieron concentraciones multitudinarias en esas fechas "a pesar de la recomendación emitida por el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades" del pasado día 2 por la expansión del coronavirus Covid-19, que se había originado en China.

La jueza explica en su resolución que incoa diligencias previas solo respecto al delegado del Gobierno en Madrid al ser el único sobre el que ella tiene competencia para investigar.

Por ello, insta al denunciante a que, si lo estima oportuno, traslade la denuncia ante los órganos competentes respecto a los demás denunciados. En el caso de Pedro Sánchez se trata del Tribunal Supremo y en el de los demás delegados del Gobierno, los órganos judiciales de sus comunidades autónomas.

Prevaricación administrativa y lesiones

Las diligencias previas que ha incoado la jueza madrileña tratan de determinar si se han podido cometer delitos de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional.

De este modo, ha ordenado una batería de diligencias de investigación a la Guardia Civil y al médico forense con la expresa advertencia de que no son urgentes y que, por tanto, deberán practicarse cuando su disponibilidad lo permita, a la vista del estado de alarma decretado en España por la pandemia.

La mayoría de ciudadanos habría suspendido actos masivos

El 51,4% de los españoles encuestados creía ya antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que el Gobierno tenía que suspender los actos públicos con aglomeraciones de personas para evitar contagios por coronavirus, según indican los resultados del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

El CIS planteó a los encuestados, entre el 1 y el 13 de marzo, varias frases habituales en ese periodo, después de conocer los contagios por Covid-19 registrados en China e Italia, así como en España. Una de ellas era la necesidad de cancelar eventos deportivos o culturales, que provocan la concentración de muchas personas en un mismo lugar, en unas fechas en las que, entre otros acontecimientos, se celebran las manifestaciones por el Día de la Mujer.

La mayoría creía que se debían cancelar, frente al 34,4% que contestó que no estaba de acuerdo con anular estos eventos. Además, según el CIS, casi el 65% de los españoles apoyaba que el Gobierno tomara medidas "urgentes" contra el coronavirus, aunque estas fuesen "impopulares".

Ayuso asegura que tomaron medidas

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que desde su Gobierno tomaron medidas días antes de la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, porque era "evidente que había un problema de contagio, que se estaba triplicando".

Así lo ha asegurado en una rueda de prensa telemática, ofrecida por Telemadrid, tras el Consejo de Gobierno. De hecho, ha recordado que tan solo un día después decretó el cierre de los centros educativos.

Pese a estas palabras, la dirigente regional no ha entrado a valorar la decisión de del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid que ha acordado investigar al delegado del Gobierno en Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa y lesiones por imprudencia profesional por permitir la marcha.

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