El alcalde del municipio, Xosé Sánchez Bugallo, ha comparecido en rueda de prensa este miércoles para dar a conocer las últimas medidas acordadas en junta de gobierno para afrontar la alerta sanitaria en la ciudad y asegurar la atención ciudadana durante la cuarentena por el COVID-19.

Uno de los temas abordados ha sido el reajuste del transporte urbano, que ha experimentado una caída del 90 por ciento de los usuarios de media (de 27.000 a 2.700). Es por ello que los servicios se reducirán en un 45 por ciento, en general (las de hospitales se mantienen), y pasarán a prestarse entre las 06.00 y las 22.00 horas.

Por otro lado, el servicio de atención '010' centralizará las demandas de atención social a partir del viernes. El teléfono estará atendido inicialmente por voluntarios de Protección Civil entre las 08.00 y las 20.00 horas, y se ofrece a personas con necesidades alimentarias, de suministro o de medicinas, entre otras.

Bugallo ha destacado que el servicio estará conectado con Cruz Roja, Cáritas y Médicos del Mundo, y que el suministro estará "garantizado" gracias a la colaboración de estas organizaciones.

MENÚS A FAMILIAS

También se ha suspendido el contrato con la empresa de comedores escolares y se ha abierto uno nuevo que permitirá ofrecer menús a 200 personas beneficiarias de las becas del Ayuntamiento, aunque se ampliará en función de las necesidades.

La asistencia domiciliaria estará garantizada a través de la Cruz Roja, el comedor social y convenios con las cadenas alimentarias, y el Gobierno local abrirá una convocatoria pública para que los supermercados de barrio se puedan sumar para atender a sus respectivas zonas.

El alcalde de Santiago ha llamado, en este sentido, a la "prudencia" a aquellas las iniciativas vecinales de voluntariado que se están impulsando en la ciudad, puesto que la acción ante el coronavirus requiere de "cursos de formación y medidas de seguridad" y existe "personal suficiente" para atender a los vecinos.

Por otro lado, unas 16 personas que vivían en la calle han sido realojadas en habitaciones de pensiones y albergues y el regidor ha avanzado que se pedirá a la Xunta que permita mantenerlos abiertos, sobre todo aquellos en los que se están alojando a los vecinos que carecen de un techo en el que resguardarse.

El alcalde de Santiago ha agradecido, además, el comportamiento de los vecinos respecto a las medidas para paliar la alerta sanitaria, aunque ha informado de que se han tenido que realizar once denuncias, dos de ellas a establecimientos que abrieron a pesar de la prohibición y el resto a transeúntes que se encontraban en la vía pública "si justificación" (algunos de ellos se dirigían a "fiestas" en pisos).

PLAZAS DE APARCAMIENTO

Entre otros asuntos, se ha formalizado un contrato de emergencia para la limpieza y desinfección de las instalaciones municipales, por unos 100.000 euros mensuales, y se ha aprobado la instalación de seis servicios en la vía pública para personal de limpieza viaria, parques y jardines.

Estos estarán ubicado en la Rúa Lisboa, Salvador Parga, Restollal, Parque Pablo Iglesias y otros puntos por determinar. El personal antes mencionado también tendrá a su disposición los servicios de los aparcamientos de la Plaza Roja, Plaza de Vigo, A Rosa, Hórreo, entre otros.

La junta de Gobierno también ha acordado la liberación de pago de ORA y rotación de 1.000 plazas de aparcamiento en la avenida de Ferrol, Pontepedriña y el Campus Universitario.

PLAN PEQUEÑO COMERCIO

Finalmente, Bugallo ha avanzado que en la próxima reunión se abordará la necesidad o no de aplazar el pago de impuestos municipales y las consecuencias fiscales de la situación.

En este sentido, ha trasladado por los efectos que la crisis sanitaria está teniendo en el pequeño comercio y ha avanzado que se estudiará un plan de apoyo en un futuro.

BNG

Por otro lado, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, ha solicitado al alcalde que paralice toda la actividad económica que no sea imprescindible para frenar el avance del virus, tanto en las obras contratadas como en las empresas concesionarias, y que articule medidas para proteger los derechos laborales e impedir despidos.