Playa y montaña se llena de ciudadanos paseando y tomando el sol en Cataluña a pesar de la orden de confinamiento

  • Los ciudadanos que no cumplan el decreto del Gobierno se enfrentan a multas desde este lunes.
La playa del Somorrostro, acordonada.
La playa del Somorrostro, acordonada.
ACN

Mientras las calles del centro y los barrios de Barcelona asomaban este domingo casi desérticas, las playas y la montaña ofrecían imágenes totalmente opuestas con familias paseando, ciclistas y 'runners', en un día soleado que parece desafiar el confinamiento ordenado por el Gobierno.

El decreto del estado de alarma aprobado por el Ejecutivo español para evitar la propagación del coronavirus limita los movimientos de los ciudadanos, que sólo pueden salir de casa básicamente para ir a trabajar, comprar alimentos o cuidar de menores o personas dependientes.

Salir a pasear o a correr, ir en bicicleta o simplemente tomar el sol en la playa no son actividades recogidas en ninguna de las excepciones que prevé el decreto gubernamental, por lo que patrullas de la Guardia Urbana y los Mossos d'Esquadra se han dedicado este domingo a recordar las restricciones a todos aquellos que han sorprendido saltándoselas.

En las playas de la Vila Olímpica y la Barceloneta, la afluencia de personas ha sido importante durante toda la mañana, muchos paseando, algunos practicando yoga y otros sentados frente al mar sin respetar si quiera la distancia de seguridad entre ellos de un metro y medio.

Salir a pasear o a correr, ir en bicicleta o simplemente tomar el sol en la playa no son actividades recogidas en ninguna de las excepciones que prevé el decreto gubernamental

Las patrullas de orden pública informan a los ciudadanos de sus deberes para ayudar a frenar el coronavirus y les advierten de que, a partir del próximo lunes, esas conductas serán sancionables.

En el otro extremo de la ciudad, en la montaña de Collserola, los Mossos han parado también a más de un ciclista, muchos en grupos, para recordarles las prohibiciones, y se ha podido ver a cientos de personas paseando.

Para frenar estas conductas y facilitar el confinamiento, el Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado ya el cierre de parques y jardines y lo mismo hizo el pasado sábado la Diputación, que gestiona muchas de las zonas verdes de la ciudad y alrededores.

Mossos y Guardia Urbana desalojan a los paseantes de playas y parques

Los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana han vaciado de paseantes las playas y parques de Barcelona, ante el estado de alarma por la pandemia del coronavirus.

Desde esta mañana, los Mossos han llevado a cabo controles en calles y carreteras para garantizar que se cumplen las órdenes acordadas por el Gobierno en el marco del estado de alarma y han impuesto denuncias a ciudadanos por desplazamientos no imprescindibles.

Las playas de Barcelona, atestadas de paseantes en algunos tramos, eran uno de los puntos donde los Mossos y la Guardia Urbana han patrullado para instar a los ciudadanos a confinarse en su domicilio, de acuerdo con la orden del Gobierno que solo permite los desplazamientos imprescindibles para trabajar, comprar alimentos o medicamentos e ir a cuidar a personas dependientes.

Una patrulla de los Mossos ha denunciado esta mañana a una pareja de ciclistas que hacía deporte en la avenida del Paral.lel

Según han informado fuentes de la policía catalana, una patrulla de los Mossos ha denunciado esta mañana a una pareja de ciclistas que hacía deporte en la avenida del Paral·lel de Barcelona, muy cerca de la comisaría de la plaza Espanya, en una de las primeras acciones legales por el incumplimiento del decreto.

De 100 euros de multa a penas de hasta 4 años de cárcel

El incumplimiento de las medidas incluidas en el decreto del Gobierno puede acarrear para los ciudadanos desde multas de 100 euros hasta penas de 3 meses de cárcel por un delito de desobediencia y de 4 años por atentado a la autoridad.

Quienes incumplan las medidas establecidas podrán enfrentarse, por ejemplo, a sanciones de entre 100 y 600 euros por retirar una valla o precinto; de hasta 30.000 euros por negarse a identificarse ante un agente o de hasta 60.000 por conductas que pongan en grave riesgo la salud de la población.

El delito de desobediencia a los agentes de la autoridad o al personal de seguridad privada -colectivo entre el que se incluye al personal sanitario- prevé penas de hasta cuatro años de prisión.

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