Las cuentas, que ascienden a la cantidad de 202.451.413,07 euros, la cifra más alta desde el año 2010, entrarán en consecuencia en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia la próxima semana.

El pleno extraordinario se ha desarrollado con aplicación de las medidas de contención del Covid-19, con un acceso restringido y manteniendo distancia de seguridad entre los integrantes del plenario.

Entre las alegaciones figuran las de las sociedades J.Guiard y Sabinal, reclamando el ingreso íntegro de las cuantías reconocidas judicialmente por las expropiaciones para la ampliación del Paseo Marítimo de la capital por importe, respectivamente, de 3,8 y 22,7 millones de euros.

En el caso de la mercantil Sabinal, según ha explicado Alonso, la firmeza de la resolución judicial se comunicó el pasado 13 de febrero, una vez aprobado inicialmente el presupuesto y encontrándose en exposición pública.

"Resultando indubitada la obligación del cumplimiento de dicha sentencia, el Ayuntamiento se encuentra en plazo de ejecución voluntaria de ésta, conforme a al artículo 106 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (LCJA), por el que se concede un plazo de tres meses, a partir de la notificación, para la conclusión del procedimiento correspondiente, mediante la oportuna modificación presupuestaria", ha dicho.

En este caso, el concejal de Economía ha adelantado que, teniendo de plazo hasta el 13 de mayo, el Ayuntamiento "hará frente a este abono, 3,8 millones de euros, con cargo al superávit".

Respecto al pago de la sentencia favorable a los intereses de la mercantil J.Guiard, Alonso ha recordado que el Ayuntamiento ha presentado un plan de pagos ante la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "pendiente de aceptar o denegar".

Ese plan de pagos pasa por hacer efectivo, antes del mes de septiembre, de un primer pago de 5.324.524 euros, reservado desde octubre de 2019 cuando se aprobó en pleno una modificación presupuestaria a tal efecto.

De acuerdo con el plan de pagos presentado ante el juzgado, en los ejercicios 2021, 2022 y 2023, el Ayuntamiento abonaría la cuantía de 4,6 millones anuales, restando una anualidad en la que se pagarían 3.997.000 euros más intereses de demora, según ha explicado el edil popular, quien ha destacado la "voluntad municipal de adelantar los pagos así como la negativa de la otra parte de avenirse a un acuerdo para el pago de estas cuantías".

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha reclamado al alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, que se constituya una comisión de investigación en la que se esclarezcan las causas que han motivado la condena y, así, "acabar con el oscurantismo y la falta de respuesta a peticiones de información".

Según ha explicado Valverde, del estudio del expediente vinculado a estos terrenos se saca la conclusión de que "el Ayuntamiento actuó con una lentitud y pasividad inadmisibles" en un asunto que supone "la hipoteca" de las inversiones en la ciudad durante los próximos cinco años.

Por ese motivo, y tras remarcar la "irresponsable y negligente gestión del PP durante 15 años" en este asunto, desde el PSOE han apuntado la necesidad de "que se depuren responsabilidades, y que responda personalmente el político o funcionario que debió ejecutar la sentencia en tiempo y forma, y no lo ha hecho".

Los socialistas también han puesto el acento en que "la losa" del pago de 30 millones, que genera unos "intereses desorbitados de 2.500 euros diarios", viene a condicionar tanto los presupuestos futuros como los del propio 2020

Valverde ha exigido al alcalde "que se deje de la política del avestruz", una vez que el PP ha metido a los almerienses "en el mayor problema económico que ha tenido este Ayuntamiento", y "atienda las peticiones de cita que tiene para buscar soluciones negociadas con esta familia y tratar de no empeorar más la situación".

En ese sentido, la portavoz del PSOE ha subrayado que el alcalde y su gobierno municipal deben de actuar "más allá de confiar exclusivamente en que el propio juzgado conceda un fraccionamiento del pago en cinco años porque, en caso de que este no se aceptara, el propio concejal de Economía ha adelantado que se tendría que acometer un duro plan de ajuste económico, con subida de impuestos a los almerienses o recortes en los servicios municipales".