Convocado un nuevo pleno sobre la modificación del PGOU en la parcela de Conservas Lolín

La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán (PSOE), ha convocado para el próximo 17 de marzo, a las ocho de la mañana, un pleno de carácter extraordinario y urgente para volver a debatir la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para cambiar el uso de la parcela de Conservas Lolín, en Brazomar, de industrial a comercial.
Fachada del Ayuntamiento de Castro Urdiales
Fachada del Ayuntamiento de Castro Urdiales
OLACANTABRIA - Archivo

El pleno se debe celebrar de nuevo al haber anulado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Santander la sesión extraordinaria celebrada el pasado 4 de febrero, que rechazó la modificación puntual del PGOU, ya que sólo PRC y CastroVerde votaron a favor, mientras que el PSOE y Ciudadanos se abstuvieron, Podemos votó en contra y el PP no asistió a la sesión.

Esta modificación puntual, que tiene desde el pasado mes de octubre luz verde de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) del Gobierno de Cantabria, está ligada al convenio que la conservera firmó con el Ayuntamiento hace cuatro años para trasladarse al polígono del Vallegón, en Sámano, y que la parcela que ocupa actualmente en Brazomar se destine a usos comerciales, en los que ya hay una empresa interesada (Mercadona).

La convocatoria del Pleno tienen dos puntos de orden del día, la ratificación de la urgencia de la sesión y proposición de la alcaldía para la aprobación definitiva de la modificación puntual.

CASTROVERDE ACUSA A LA ALCALDESA DE MENTIR

El grupo municipal de CastroVerde, que gobernó en la anterior legislatura, cuando se aprobó el convenio de Conservas Lolín, ha afirmado este viernes que la alcaldesa "mintió a los ciudadanos ocultando las verdaderas razones" de su abstención y la de su grupo, para impedir la modificación de Plan General.

"El grupo opositor a que la fábrica de Lolín se traslade a Vallegón no se ha movido por el interés general sino por decisión o interés político", denuncia en un comunicado de prensa en el que acusa al equipo de Gobierno de actuar "arbitrariamente y en contra del interés general".

"No había informes desfavorables, ni incumplimientos de las cláusulas del convenio, ni había que legalizar el pozo, ni la inundabilidad de la zona lo impedía, ni nadad de nada", sostiene CastroVerde, para quien el equipo de Gobierno ha buscado "todo tipo de artimañas" para "desmontar una propuesta que tiene todo el respaldo jurídico y toda legitimidad social".

"Ahora es un juez, es decir la ley, el que les obliga a convocar de nuevo un pleno y enfrentarse sin dilación a sus responsabilidades. Veremos si ahora votan conforme a la única opción legítima: defender el interés general y anteponerlo a los rencores personales y a los intereses partidistas, y particulares", concluye.

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