Barrios, que ha comparecido este lunes en la Comisión de Empleo e Industria de Castilla y León para evaluar la marcha del Diálogo Social, se ha referido al único incumplimiento en el marco de los acuerdos con los agentes económicos y sociales, el del Serla, que los propios sindicatos pusieron de manifiesto y para el que reclamaron una solución.

En este contexto, el consejero de Empleo e Industria ha culpado a la Ley Montoro y la falta de unos presupuestos generales del Estado de este incumplimiento, ya que no se han extendido todos los servicios del Serla a las nueve provincias y sólo se ha hecho en Valladolid, dado que hay una limitación de la tasa de reposición y el aumento de la masa salarial.

Germán Barrios, quien ha señalado que el Diálogo Social es una herramienta útil pero "no fácil" por negociarse "no entre iguales, sino entre diferentes" que exige debate y corresponsabilidad, ha aclarado que aunque no se ha extendido el servicio de resolución de conflictos individuales a todas las provincias, los colectivos sí se abordan en todas ellas desde el Serla y para los demás se utiliza el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), por lo que no se han dejado de atender.

En esta línea, el consejero ha afirmado que en el momento en el que el Gobierno cambie la Ley Montoro, porque lo que se quiere ya es una "ley Montero" -en referencia a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y a su antecesor Cristóbal Montoro- se dará cumplimiento a esta cuestión porque están decididos tanto el Ejecutivo autonómico como los agentes sociales y económicos. Sin embargo, ha advertido de que no incumplirán la ley porque "supondría perjuicios mayores".

Barrios ha reconocido este incumplimiento frente a la alta ejecución y cumplimiento del resto de acuerdos, sobre todo del Plan Anual de Políticas de Empleo (Papecyl), que en 2018 llegó a casi el 97 por ciento de los importes, lo que en 2019 ha supuesto casi el 98 por ciento, 154,68 millones de euros con unas acciones que aún se desarrollan este ejercicio y se liquidarán al final del mismo.

IMPACTO SOCIAL

Tras un repaso pormenorizado por los diferentes acuerdos y cifras que han supuesto los acuerdos firmados en los últimos años, el consejero ha destacado el impacto social de los mismos, ya que en los últimos cuatro años la tasa de riesgo de pobreza se ha reducido en más de cuatro puntos y se sitúa 5,4 puntos por debajo de la media, lo mismo que la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social, situada en el 19,5 por ciento (frente al 26,1 nacional), y la tasa de carencia material severa, que es la tercera más baja de España, de un 1,9 frente al 5,4 de media.

Por otro lado, también ha incidido en su incidencia en la renta o en el impacto en materia laboral, con un paro de 126.600 personas en el último trimestre de 2019 según la EPA, lo que supone que 140.200 personas han abandonado las listas del paro y una tasa de paro que se sitúa en el 11,2 por ciento, aunque ha advertido de la situación de desaceleración de la economía y la el contexto generado con el coronavirus.

Aún así, ha incidido en que se ha avanzado en la creación de puestos de trabajo, sobre todo entre los jóvenes, o la reducción de los parados de larga duración, que ha bajado más de 13 puntos desde 2014 y se trabaja en una mayor calidad del empleo.

Para ello, ha apuntado la necesidad de generar confianza y trabajar en nuevos acuerdos, algo que se hace en la Comisión Permanente y en el Consejo del Diálogo social, pero además ha destacado que todas las consejerías han realizado las comisiones de seguimiento de los diferentes acuerdos.

Así, ha señalado la necesidad de seguir avanzando en el Diálogo Social para abordar retos como el desarrollo rural, los planes de desarrollo territorial y evitar la despoblación, entre otras cuestiones, para lo que ha expresado el compromiso del Gobierno.

En la Comisión todos los grupos y el propio consejero han lamentado el último accidente laboral mortal ocurrido este domingo en Venta de Baños (Palencia), lo que ha llevado a un debate sobre la siniestralidad laboral entre Barrios y el procurador socialista Pedro Luis González, quien ha advertido de un aumento "exponencial" que el titular de Empleo e Industria ha negado.

EJECUCIÓN Y DESEQUILIBRIOS

Tras la advertencia del PSOE sobre esta cuestión, el procurador socialista ha pedido que se deje de "manosear" el Diálogo Social para que no pierda valor, como han pedido los sindicatos, y ha criticado lo que a su juicio es una "contradicción" entre los que se ejecuta y los incumplimientos en este ámbito.

González ha vuelto a recordar, como hizo en anteriores comparecencias, los desequilibrios territoriales cada vez mayores y ha la reducción del paro por la bajada de los activos y ha criticado el "giro" que en siete meses ha dado Ciudadanos en un tiempo en el que ha asegurado que ha sufrido "amnesia" o no se ha enterado de nada por el "cambio brutal" que supuestamente han dado las cosas, que ahora están mejor.

Por su parte, tanto el procurador de Cs Juan Pablo Izquierdo como Alberto Castro han destacado la importancia del Diálogo Social y el referente nacional que incluso se ha exportado al exterior.

Castro ha incidido en el cumplimiento del más del 95 por ciento y ha apuntado a la importancia de ver hacia "dónde ir" sin dejarse llevar por el éxito y ser "ambiciosos", como ha recordado que dijeron los sindicatos.

Finalmente, el portavoz del Grupo Mixto en la Comisión y procurador de Por Ávila, Pedro José Pascual, ha señalado la "precaria" situación de la provincia abulense con respecto a otras, a la cabeza de paro junto a Zamora y la falta de infraestructuras a pesar de estar situada en una zona estratégica.

Pascual ha reclamado mejores infraestructuras, transporte apoyo al medio rural así como un impulso a la industria para intentar mejorar la situación de la provincia, al igual que la de otras, para lo que ha insistido también en la inclusión de Ávila en el Corredor Atlántico.