El PP fuerza hoy a Sánchez a posicionarse sobre si debe ser delito convocar un referéndum ilegal

  • El Congreso debatirá este martes una reforma puntual del Código Penal propuesta por el PP.
  • En campaña, el PSOE defendió tipificar la convocatoria de referéndum ilegales como delito, pero ahora lo rechaza.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera Carmen Calvo, el vicepresidente segundo Pablo Iglesias y la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital Nadia Calviño, escuchan la intervención del líder del Partido Popular, Pablo Casado (d, de espaldas), durante la sesión de control celebrada, este miércoles, en el Congreso de los Diputados en Madrid.
Pedro Sánchez y los vicepresidentes primero, segundo y tercero del Gobierno escuchan al líder del PP, Pablo Casado, en el Congreso.
EFE/ Ballesteros

El Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes la primera proposición de ley de la legislatura presentada por la oposición. Y el PP ha decidido que la primera iniciativa de este tipo que lleva a la Cámara Baja sea una reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria de referendos cuando no se cuente con competencias para hacerlo, así como para penar el hecho de facilitarlos o promoverlos. Con esa medida, los populares quieren devolver la crisis de Cataluña al centro del debate y retratar a un PSOE que votará en contra.

La norma presentada por el PP pretende recuperar un tipo que estuvo presente en el Código Penal entre 2003 y 2005: el delito de convocatoria de referéndum ilegal. El objetivo de la proposición de ley es que el Código Penal recoja de forma expresa como delito las acciones llevadas a cabo en Cataluña el 1 de octubre de 2017, y de hecho el PP señala en la iniciativa que "las formas diferentes de control de la legalidad" actualmente en vigor no han sido "suficientes para reprimir y disuadir" de la participación en una consulta secesionista.

En concreto, la iniciativa de los populares propone penar con entre tres y cinco años de prisión a la autoridad que, "careciendo manifiestamente de competencia para ello, convoque o autorice la convocatoria de elecciones o consultas populares por vía de referéndum". También se plantea castigar con entre uno y tres años de cárcel a los cargos que, sin convocar personalmente la consulta, la "faciliten, promuevan o aseguren".

El PSOE votará en contra de que la proposición de ley comience a tramitarse en el Congreso. Y, sin su participación, la iniciativa será rechazada, habida cuenta de que Unidas Podemos y –obviamente– los nacionalistas periféricos votarán en contra. Pero ello servirá al PP para "para dejar en evidencia hasta qué punto el PSOE ha pegado un muy acentuado bandazo en beneficio de sus aliados y socios", según planteó hace unos días la portavoz parlamentaria de los conservadores, Cayetana Álvarez de Toledo.

Los vaivenes socialistas

El delito de convocatoria de referéndum ilegales se aprobó en 2003 para enfrentar los primeros pasos del Plan Ibarretxe, una reforma del estatuto vasco planteada por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe que abría la puerta a una consulta para, en último término, establecer un Estado libre asociado con España. Su aplicación no fue necesaria, ya que el Congreso tumbó la reforma en 2005 y, en 2008, Ibarretxe acató la prohibición del Tribunal Constitucional de celebrar una consulta en el País Vasco.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó el tipo penal en 2005, pero la crisis territorial en Cataluña reabrió hace meses el debate sobre este delito, y el presidente Pedro Sánchez prometió durante la campaña electoral de las elecciones de noviembre que, si se mantenía en el poder, reformaría el Código Penal para castigar de nuevo estas acciones. Eran, sin embargo, otros tiempos, y la estrategia del PSOE entonces era la de mano dura con el independentismo.

Esa mano dura desapareció tras los resultados electorales y la posterior negociación con Unidas Podemos y ERC, con la que Sánchez ha conseguido mantenerse en el Gobierno. De hecho, durante los últimos meses el presidente ha sido preguntado en varias ocasiones sobre su promesa electoral y siempre ha eludido mantenerla, lo que en realidad supone volver a la posición que mantenía el PSOE antes de las elecciones.

Fuentes del PSOE explican a 20minutos.es que su grupo defenderá este martes lo mismo que ya planteó en febrero del año pasado, cuando el Congreso rechazó con el voto socialista la misma iniciativa que el PP ha vuelto a presentar. "El trasfondo de todo esto es que el PP pretende seguir haciendo política con el enfrentamiento territorial", denuncian estas fuentes.

En febrero de 2019, quien defendió la posición del PSOE fue el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que aseguró que el Código Penal ya tiene "mecanismos suficientes para defender el orden constitucional" y acusó al PP de utilizarlo para "arrojárselo al adversario político".

No obstante, la vuelta del PSOE a su posición original tras apoyar la tipificación de los referéndum ilegales en campaña electoral tiene también mucho que ver con la necesidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y, en general, con mantener la estabilidad de la legislatura. La estrategia con respecto a la crisis territorial de Cataluña pasa ahora por avanzar en la mesa de negociación entre gobiernos que ya se ha puesto en marcha, y en el final de esa hoja de ruta está la convocatoria de una consulta en la comunidad para que la ciudadanía ratifique el eventual acuerdo entre Gobierno y Govern.

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