El Ministerio Público sostiene que el acusado es el administrador y legal representante de la entidad y responsable del establecimiento 'Silencio', un club dedicado a la prostitución y al alterne, en Novellana, Cudillero. El acusado se ocupa de la gestión diaria y de su normal funcionamiento.

Así, la Fiscalía señala que el 8 de marzo de 2013, en una visita realizada por miembros de la Inspección de Trabajo y miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, se constató que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne, captadoras de clientes para las distintas actividades de la empresa, 9 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social, algunas de la cuales carecía de permiso de estancia y residencia en España y se encontraban en situación irregular.La empresa, en esa fecha, solamente tenía dadas de alta en la Seguridad Social como trabajadores en este establecimiento a dos personas.

Además, expone que el 27 de febrero de 2015, en una visita realizada por miembros de la Inspección de Trabajo y miembros del Grupo Operativo de Extranjeros de la Policía Nacional, se constató que en el establecimiento se encontraban trabajando como camareras de alterne, captadoras de clientes para las distintas actividades de la empresa, 13 personas que no estaban dadas de alta en la Seguridad Social

La Fiscalía considera que los hechos relatados son constitutivos de dos delitos contra los derechos de los trabajadores y solicita que se condene al acusado, por cada uno de los delitos, a 3 años y 3 meses de prisión, inhabilitación del derecho de sufragio pasivo durante la condena y la pena de multa de 9 meses a razón de 12 euros de cuota diaria, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de falta de pago, así como el abono de las costas.

Solicita además que se imponga a la sociedad, en relación con el establecimiento 'Silencio', las penas de suspensión de actividades y clausura del local durante 5 años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice a la Tesorería General de la Seguridad Social con las cantidades que han dejado de ingresar, más los intereses legales correspondientes.