Los acusados son el que fue gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME) entre 2011 y 2015, Antonio Ramis; el jefe de mantenimiento, Alberto Serna; el administrador de Roig SA, Antoni Roig; y el jefe de producción de la compañía, Bartolomé Colom.

La Fiscalía les imputa fraude, un delito continuado de malversación y un delito continuado de prevaricación administrativa, y pide para ellos penas que suman 24 años de prisión, además de la inhabilitación para empleo o cargo público. También reclama que indemnicen al Ayuntamiento con más de 750.000 euros.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a los funcionarios de haberse prevalido de sus puestos para beneficiar económicamente a la empresa. En su escrito, el fiscal señala que uno de los trabajadores públicos "mantenía una estrecha amistad" con el administrador de la sociedad, que fue contratada por el IME para el mantenimiento de las instalaciones deportivas.

El fiscal sostiene que desde el IME se modificó el sistema de control de facturas y suministros, de manera que "los directores de los polideportivos e instalaciones fueron apartados" y el jefe de mantenimiento asumió la jerarquía funcional. La Fiscalía también apunta que los capataces debían firmar los albaranes "sin precio".

La acusación pública también incide en que, presuntamente, otra manera de favorecer a la empresa consistiría en "admitir y dar como buena" una facturación con un sobreprecio medio del 96% sobre el valor de mercado. El fiscal también señala supuestos incumplimientos de obligaciones contractuales por parte de la empresa.

El juez instructor del 'caso IME' fue el juez Manuel Penalva, ahora investigado por el TSJIB por posibles irregularidades en el procedimiento. En particular, los delitos de prevaricación y detención ilegal que se imputan al magistrado se refieren al auto de prisión contra Antoni Roig, dictado en enero de 2017, en el marco de esta causa.