El jueves fueron ERC, JxCat, Más País y Compromís. Y este viernes, Unidas Podemos, junto de nuevo a los republicanos, presentó su propia solicitud para poner en marcha en el Congreso una comisión de investigación sobre las actividades del rey emérito Juan Carlos I y las indagaciones que ha puesto en marcha la Fiscalía suiza en relación a una cuenta bancaria en ese paraíso fiscal, en la que presuntamente habría percibido 100 millones de dólares de Arabia Saudí.

"La comisión tendrá por objeto investigar las presuntas irregularidades realizadas por el ex jefe del Estado en relación con las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí", explica el texto registrado por Unidas Podemos, que apunta a la supuesta "existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos en territorio nacional y en Arabia Saudí y su relación con el ex Jefe de Estado", así como a "las presuntas cuentas irregulares del ex Jefe de Estado en Suiza y otros paraísos fiscales a nombre de terceros".

La formación morada también quiere que se investigue la posible existencia de "comisiones o donaciones en especie o dinerarias entre el gobierno de Arabia Saudí y el ex Jefe de Estado a cambio de su mediación en la consecución de contratos o de operaciones de promoción internacional del régimen saudí", así como "el grado de conocimiento" de esas presuntas actividades "por parte de las empresas y los organismos y departamentos del Gobierno implicados en las mismas".

Al igual que la solicitud presentada este jueves por otros partidos, Unidas Podemos justifica su petición en la investigación de la Fiscalía suiza, que apunta a que de esta cuenta con 100 millones de dólares –a nombre de una sociedad instrumental cuyo verdadero dueño, supuestamente, sería Juan Carlos I– habría salido una donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen.

"Estos movimientos podrían estar relacionados con el contrato de 6.300 millones de euros del AVE a la Meca que consiguieron varias empresas españolas en Arabia Saudí", denuncia Unidas Podemos, que insiste en que "las responsabilidades a determinar no pueden circunscribirse a lo fiscal y a lo penal sino que hablamos de sospechas que pueden erosionar gravemente las bases de nuestra democracia" y por tanto deben dirimirse en el Congreso.