Guerra de cifras en una huelga general que no frena el decreto de Educación de la Junta de Andalucía

Cabecera de la manifestación por la educación pública en Sevilla.
Cabecera de la manifestación por la educación pública en Sevilla.
BEATRIZ M.A.

Poco más de un año después de su llegada a San Telmo, el Gobierno del PP-A y Cs afrontó este miércoles su primera huelga general, convocada casi unánimemente por el sector de la educación pública. La jornada fue un "éxito rotundo" para los sindicatos, y un "fracaso" para la Junta, que confirmó que seguirá adelante con el decreto de escolarización que ha motivado las protestas. La norma contempla, además de modificaciones en los criterios de admisión y preferencia, la posibilidad de que todos los padres puedan optar a una plaza para sus hijos en un colegio concertado, siempre que exista uno de este tipo en su municipio de residencia.

Además del paro, el día estuvo protagonizado por diversas manifestaciones en todas las capitales de provincia y otras ciudades andaluzas. Las movilizaciones fueron "masivas", con la asistencia global de más de 60.000 personas en toda la comunidad, afirmó CC OO. El seguimiento de la huelga, según los datos del sindicato, fue superior al 80% entre el profesorado de Secundaria, más del 60% entre los docentes de Primaria y por encima del 50% entre el personal de Administración y Servicios. En cuanto al alumnado, la participación fue "prácticamente absoluta" en Bachillerato y "muy significativa" en 3.º y 4.º de la ESO, cursos en los que está permitido hacer huelga. Estas cifras, destacó el secretario general de la Federación de Enseñanzas de CC OO de Andalucía, Diego Molina, "ponen de relieve que la comunidad educativa considera inaceptables las medidas que se quieren implantar con este decreto, pues ahondan en la liberalización y privatización de la educación andaluza". Y añadió: "Ahora, la pelota está en el tejado de la Consejería de Educación y, si no rectifica, continuarán las movilizaciones".

El decreto sigue su curso

La respuesta por parte del departamento dirigido por Javier Imbroda no se hizo esperar. El consejero cifró el seguimiento medio de la huelga en un 13,5% a las 13.00 horas, que se elevó al 19,5% en Infantil y Primaria y descendió al 8,6% en Secundaria. Unos datos, aseguró el Ejecutivo andaluz, "oficiales y reales", ya que provienen del programa Séneca, donde se vuelca la información "sobre los profesores que han asistido y los que no a clase". Las cifras, continuó el consejero, "no dan respuesta a todo el ruido que se ha generado alrededor de este decreto" que, anunció, "seguirá adelante".

Uno de los asistentes a la manifestación en Sevilla por la educación pública.
Uno de los asistentes a la manifestación en Sevilla por la educación pública.
BEATRIZ M.A.

El responsable del ramo defendió que la norma aprobada "favorece a las familias" y negó el "desmantelamiento" de la educación pública aludiendo al "mayor presupuesto y la mayor plantilla docente pública de la historia". Respecto a los convocantes de la huelga –la Plataforma Andaluza por la Escuela Pública, formada por UGT, CGT, CC OO y Ustea, la Confederación de asociaciones de padres y madres y el Frente de Estudiantes, a los que se sumaron ANPE y CSIF y plataformas como Escuelas de Calor y la Marea Verde–, Imbroda manifestó que "procuraremos sentarnos con todos los colectivos para explicarles" la norma, porque "igual no han entendido bien el espíritu del decreto o hay alguna malinterpretación". E incidió en el "sesgo ideológico" de la huelga.

El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, apuntó que a los sindicatos se les ofrece "diálogo, todo el del mundo". Y agregó que "todos los consejeros, incluido el de Educación, hablan a menudo" con estas organizaciones. Si bien cabe recordar que el pasado enero, el propio presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, admitió que el "diálogo social no está llegando a todas las consejerías", en referencia a las carteras de Sanidad y Educación, garantizando su "compromiso" para mejorar la interlocución.

Pérdida de unidades

El consejero, además, resaltó el balance "positivo" en la creación de unidades públicas en el curso 2019-2020 y criticó que "siempre se hable de suspensión de unidades públicas en Primaria a causa de la baja natalidad y que nunca se hable de la creación de unidades públicas, de las más de 200 en Secundaria, de las 130 en Educación Especial o de las 166 en Formación Profesional".

Los sindicatos, en cambio, aseguran que en los últimos cinco años se han cerrado más de 2.000 unidades públicas y temen que el decreto provoque el cierre de más, el aumento en la enseñanza concertada y una pérdida de empleo docente, como consecuencia del incremento de demanda en los centros concertados.

El sector de la concertada

Mientras, el sector de la enseñanza concertada y privada manifestó su "sorpresa" ante la huelga y aseguró "no entender cómo hablar de libertad de las familias pueda suponer una amenaza a la escuela pública, salvo que haya otros intereses que desconocemos". La Confederación Española de Centros de Enseñanza en Andalucía, CECE-A, recordó además que la Junta no está concertando ninguna unidad nueva en ninguno de los niveles educativos, y criticó que "la supuesta ampliación del derecho a elegir de las familias se queda en una mera enunciación teórica sin efectos prácticos".

Por su parte, Escuelas Católicas de Andalucía (ECA), con una representación del 70% en el sector concertado, valoró el "impacto positivo" del decreto en cuanto a los criterios de admisión, que facilitan la reunificación de hermanos en el mismo centro y la conciliación laboral y familiar. Pero pidió a la Junta una "apuesta más decidida y real" por el derecho a elegir.

En primera persona

Laura Iglesias, madre y docente
Laura Iglesias, madre y docente
BEATRIZ M.A.

Laura Iglesias, madre y docente

Laura ha acudido a la manifestación de Sevilla acompañada por su hijo y asegura que "estamos en contra del decreto de la Consejería porque puede, y de hecho, va a favorecer las plazas en la escuela concertada frente a las de la pública. ¡Somos defensores de la escuela pública siempre!"

Mario Suárez, portavoz del Frente de Estudiantes
Mario Suárez, portavoz del Frente de Estudiantes
BEATRIZ M.A.

Mario Suárez, portavoz del Frente de Estudiantes

"Este decreto es un ataque en toda regla a la educación pública, que tiene como fin el establecer un distrito único como en Madrid o en Barcelona". Mario afirma que "tenemos que luchar por la escuela pública porque es la única que puede garantizar una libertad real, sin sesgo ideológico y sin discriminación de ningún tipo". Y añade: "Todas las organizaciones estudiantiles estamos de acuerdo en que, pertenezcamos al nivel educativo que pertenezcamos, nos tenemos que solidarizar porque hoy está siendo atacada la educación obligatoria o el Bachillerato, pero mañana puede ser la Universidad". "Esto puede afectar a todos los niveles educativos", concluye.

Ana Belén González, maestra de Primaria
Ana Belén González, maestra de Primaria
BEATRIZ M.A.

Ana Belén González, maestra de Primaria

Esta maestra de 1.º de Educación Primaria asegura con resignación que "la educación pública va a desaparecer". "La educación concertada se creó en su día para favorecer a la escuela pública", por lo que "no tiene sentido que la Junta ahora saque un decreto para favorecer a la concertada" porque "pierde el objetivo de su origen". Ana Belén afirma que "cada vez hay menos niños" y "no tiene sentido" crear un decreto que favorezca a la escuela concertada frente a la pública, ya que "los políticos tendrían que procurar crear una escuela pública digna y apoyar y ampliar las ofertas y las plazas". Como docente, asegura que "en los diferentes niveles educativos se vienen dando los cierres de líneas que hacen que el alumnado sea la principal víctima. ¡La pública está muriendo porque están siendo pisoteada por la concertada!". 

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