Decenas de trabajadores de vigilancia de Metro de Madrid se han concentrado este miércoles a las puertas de la Consejería de Transportes, Movilidad e Infraestructuras de la Comunidad, departamento que dirige Ángel Garrido. El motivo, su temor a quedarse sin trabajo a finales del mes de abril o a principios de mayo. Será entonces cuando finalizará la liquidación de la empresa Ombuds, que se encarga de la vigilancia de las líneas 7 y 9 del suburbano y que entró en un proceso concursal el pasado mes de julio al no poder afrontar pagos pendientes.

Entonces se les dejó a deber la nómina de junio y la extra de julio, un montante que oscila entre los 5.000 y los 7.000 euros por cada trabajador. 

Todo ello, sin sumar lo que dejaron de pagar a la Seguridad Social, que provoca que el montante a deber supere los dos millones de euros, lo que supone un importante riesgo: Metro ya ha comenzado los trámites para que sea otra empresa la que se encargue de la seguridad de las mencionadas líneas pero la compañía que dé un paso adelante deberá afrontar ese pago primero. "Las empresas no quieren quedarse con el servicio porque hay una deuda de impagos que hace que la operación sea inviable", explica Luis Bernal, responsable del área de Construcción y Servicios de Madrid de Comisiones Obreras.

Fuentes de Metro confirman a 20 Minutos que ya se encuentran preparando la tramitación para una nueva contratación, pero no se atreven a dar una fecha concreta para que el problema esté solucionado. Ni al ser preguntados sobre el horizonte que supone el 30 de abril, cuando Ombuds deje de prestar servicio definitivamente. "Estamos en el escenario de que todo esté solucionado lo antes posible, no podemos hablar de futuribles", aseguran. 

Lo que sí aventuran es que los trabajadores serán subrogados, por lo que no perderán sus puestos. Esto tranquiliza a Bernal, que sí insiste en la necesidad de "que se pueda prestar un buen servicio de seguridad".