La entidad, que representa a los ocho colegios de abogados de la Comunitat, asegura en un comunicado que esta iniciativa "implicaría una incompatibilidad en la defensa de los letrados, según se realice a los presuntos agresores o a las víctimas de violencia de género".

La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública impartió este martes en Madrid una conferencia en el Consejo de Graduados Sociales de España bajo el título 'Una sociedad sin violencia machista', en la que reivindicó un Turno de oficio especializado en Violencia de Género que tenga carácter exclusivo, "es decir, que el mismo letrado que asiste a una víctima, no pueda defender a un presunto maltratador".

En respuesta a esas declaraciones, el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ha mostrado su "total disconformidad" porque entiende que estas afirmaciones suponen "un desconocimiento sobre la independencia de los profesionales de la abogacía", al mismo tiempo que "afecta al derecho de defensa y al derecho de presunción de inocencia del justiciable", ambos derechos fundamentales de la ciudadanía.

La entidad recalca que, "sin ninguna duda", coincide con la consellera de Justicia "en la necesidad de extremar la asistencia y protección a las víctimas de violencia de género, en cuya defensa, la Abogacía está y ha estado en todo momento plenamente comprometida".

De hecho, "la necesidad de una formación específica y continua para los abogados y abogadas en esta materia nos ha ocupado y nos seguirá ocupando a los colegios, impartiéndola por iniciativa propia e imponiéndola con el fin de obtener la mejor técnica y prestar el mejor asesoramiento jurídico", continúan desde la institución.

Ahora bien, subrayan que lo que no pueden "aceptar en ningún caso es la introducción en el Turno de Oficio -cuya organización y gestión es competencia exclusiva de los Colegios- de incompatibilidad alguna entre la defensa de presuntos agresores y la de víctimas", de forma que quien haya asistido o defendido a presuntos agresores no pueda hacerlo con víctimas.

Esto "además de suponer un desconocimiento sobre la independencia de los abogados y abogadas, afecta al derecho de defensa y al también fundamental, derecho de presunción de inocencia del justiciable".