David Pérez (Madrid, 1972) es un político curtido en la política municipal y regional madrileña. Diputado en la Asamblea desde 2003 y alcalde de Alcorcón entre 2011 y 2019, desde agosto está al frente de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid. Se trata de un área con cuantiosos retos, entre los que destacan el acceso a la vivienda, la okupación de pisos protegidos, la construcción de nuevos desarrollos o la despoblación de las áreas rurales, por citar solo algunos.
La semana pasada anunció que batallaría contra la intervención de los precios del alquiler que anunció José Luis Ábalos. ¿Cree que el ministro les llamará para tratar o negociar esta medida?
Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias en materia de vivienda. Por eso el Gobierno central no nos puede puentear. Tendrá que hablar con nosotros.
Madrid va a ser siempre dialogante, receptiva y leal con la Administración central, pero exigimos lo mismo. Adelanto que hay determinadas políticas que se están anunciando con las que no estamos de acuerdo. Va a ser muy difícil que podamos llegar a un acuerdo... pero desde luego es imposible si ni siquiera se intenta por parte del Estado.
No es partidario del intervencionismo pero, sin embargo, es innegable que los precios de alquiler en algunas zonas de Madrid son muy elevados. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
Compartimos la preocupación respecto a que la vivienda, en muchísimos casos, es innacesible, sobre todo para los jóvenes y para muchas familias. Creo que se ha llegado a esta situación porque en Madrid ha habido una escasez de oferta.
Durante cuatro años no se ha construido ni una sola vivienda protegida de las que había prometido Manuela Carmena. Pero no solo eso, es que se ha paralizado la construcción de las 100.000 viviendas de los desarrollos del sureste y las 10.200 de Madrid Nuevo Norte. La escasez de la oferta en un momento en el que hay un aumento de la demanda siempre genera aumento de precio.
¿Qué soluciones propone?
Aumentando la oferta, tanto en alquiler como en compra. Y esto se consigue desbloqueando, como ya se está haciendo en Madrid capital, los desarrollos urbanísticos para que haya más vivienda en el mercado.
También ofreciendo vivienda protegida para los jóvenes que no pueden pagar los precios de mercado. Aquí tenemos varias propuestas, como el plan Vive o como las 24.000 viviendas protegidas de la Comunidad que están al servicio de personas con una situación económica desfavorecida.
Las ayudas al alquiler, el Plan Alquila y flexibilizar el urbanismo también ayuda.
¿Qué proponen en este último aspecto?
Estamos trabajando en la nueva ley de Urbanismo. Es necesaria porque si uno analiza el precio de la vivienda, más del 30% tiene que ver con el suelo y con las dificultades y las demoras que hay para convertir un terreno en edificable. La legislación urbanística es tan rígida, tan compleja, que al final convertimos en caro un recurso, el suelo, que al no ser escaso en nuestro país no debería serlo.
El mercado de compraventa presenta ya síntomas de enfriamiento. ¿Podría animarlo recuperar la deducción por compra de vivienda habitual?
Todo lo que sean deducciones, bonificaciones, bajadas de impuestos y eliminaciones de tasas siempre da buenos resultados. Es importante ayudar a los españoles fiscalmente. Menos impuestos siempre facilita que haya más empleo y mejor acceso a la vivienda, es un triángulo que hay que proteger.
La última convocatoria de ayudas al alquiler tuvo 4.200 beneficiarios, pero miles de personas se quedaron fuera cumpliendo los requisitos. ¿Por qué ha pasado esto?
La situación que se ha producido en Madrid con las ayudas al alquiler se ha producido en todas las comunidades autónomas. En todas las convocatorias públicas siempre hay más solicitantes que beneficiarios. En Madrid se ha producido una polémica porque se ha politizado este tema, concretamente por Podemos.
La realidad es que la cantidad de dinero que se ha dedicado a estas ayudas son 19 millones de euros, que es una cantidad muy importante, probablemente la más elevada de España, y que por cierto cuenta con una generosa aportación de la administración central.
Esa cantidad ha dado para los beneficiarios que ha dado. Es una cosa elemental, no ha habido nada mal hecho. Si se pudiera reprochar algo es que hemos dedicado pocos fondos y no es así. La crítica es artificial.
¿Se aumentarán los fondos en la próxima convocatoria?
Mi deseo es que el año que viene contemos con más presupuesto para que podamos responder a los solicitantes y que no se quede tanta gente fuera. Yo voy a hacer todo lo posible para que haya más recursos para estas ayudas.
¿Cuál es la marcha del plan antiokupación?
Hay en marcha 1.000 requerimientos judiciales para desalojar viviendas públicas que están okupadas. Hemos reforzado los equipos de letrados para presentarlas. En un semestre, hemos conseguido que disminuya un 75% intensificando la vigilancia, reforzando la seguridad de las viviendas que consideramos más vulnerables y endureciendo la política respecto a la okupación.
Hay adjudicatarios de vivienda pública que deben unos 83 millones de euros a la Comunidad. ¿Cómo se está actuando?
Hemos calculado que al menos 35 millones corresponden a adjudicatarios que se niegan a pagar. No tienen un problema social detrás y ni siquiera se avienen a acordar un plan de pago razonable para ponerse al día. A este grupo reducido de personas, que en algunos casos tienen deudas superiores a 100.000 euros, se les va a requerir.
Por otro lado, los trabajadores sociales tienen identificadas a las familias que verdaderamente no pueden pagar y, si no pueden, se les va a ayudar. No estamos para apretar a quien no debemos.
Su consejería también lidera la lucha contra la despoblación, ¿cuáles son los principales retos?
En la Comunidad hay 78 municipios en situación de despoblación. Están en la Sierra Norte, el sureste y el suroeste. Sus desafíos tienen que ver con la dispersión demográfica, con la lejanía de la capital, con las dificultades de transporte, con la falta de recursos sanitarios, sociales, educativos... Nos corresponde ir paliando esas carencias. Y ese es el objetivo de Isabel Díaz Ayuso: que un vecino de Madarcos pueda disfrutar en un tiempo razonable y en unas condiciones aceptables de los mismos derechos y servicios que uno de Chamberí.
¿Se plantearían incentivos fiscales para quienes quieran irse a vivir a un pueblo pequeño?
Yo cada vez veo más claro que es necesario incentivar fiscalmente ese tipo de movimientos.
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