Así lo ha defendido el diputado socialista Jordi Marí, quien ha lamentado que "la Ley Montoro, impulsada por el PP, ha generado una situación injusta en la cual existen ayuntamientos con una situación financiera saneada que no pueden invertir su remanente de tesorería en la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos".

En este sentido, Marí ha criticado que es una ley "con carácter recentralizador", con efectos "perversos" sobre los municipios y que "recorta el derecho constitucional de autonomía local, porque los sueldos que son de todos los ciudadanos no se pueden dedicar a la mejora de los servicios que se necesitan, sino que se tienen que dedicar íntegramente a pagar deuda a los bancos, y una vez hecho, en la actualidad los bancos penalizan a las administraciones para mantener los remanentes que no se pueden gastar".

De hecho, según ha informado el PSIB, se calcula que el remanente de tesorería que los ayuntamientos de Baleares tienen en los bancos sin poder invertir llega a superar los 500 millones de euros. Por eso, la propuesta socialista, firmada también por MÉS per Mallorca y Unidas Podemos, insta al Gobierno a "flexibilizar la normativa y a permitir invertir estos recursos en los ayuntamientos saneados.

Además, el diputado socialista ha explicado que las Islas "están sufriendo un aumento demográfico muy elevado y tendrán el mayor crecimiento estatal de aquí a 2030", lo cual "crea una mayor necesidad de equipaciones sociales, educativos y sanitarios que se podrían hacer con los recursos que la Ley Montoro tiene parados".

Por eso, la propuesta también insta al Govern a impulsar este tipo de equipaciones aprovechando el decreto ley 1/2018 y sin que la inversión para hacer realidad centras educativos, sanitarios o social compute en el cálculo de la regla de gasto.

Por otro lado, el Parlament ha rechazado una PNL de Vox mediante la cual se insta a la Sindicatura de Comptes a elaborar un informe general de fiscalización referido a la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción.