La Fiscalía provincial de Madrid decidió ayer abrir una investigación contra Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, por haber utilizado presuntamente un falso logo del Colegio de Aparejadores entre los años 2011 y 2016, lo que significaría que, de ser cierto, habría incurrido en un delito de estafa y de falsedad documental. Sin embargo, el Partido Popular y Ciudadanos, que necesitan su apoyo parlamentario, han evitado pedir su dimisión.

En sendas ruedas de prensa ofrecidas por sus portavoces en la Asamblea, Alfonso Serrano y César Zafra, los dos han decidido esquivar la cuestión al ser preguntados al respecto y han enmarcado la investigación en una "cuestión personal" de Monasterio. El primero de ellos, además, ha preferido señalar a otros diputados. "No vamos a entrar a valorar cuestiones personales, aunque antes de pedir la dimisión de Monasterio pediríamos la de [Pablo Gómez] Perpinya por denunciar falsamente a Isabel Díaz Ayuso o la de Isa Serra, portavoz de Unidas Podemos, por insultar a una mujer policía al intentar parar un desahucio", ha declarado Serrano.

Zafra también ha rechazado entrometerse "en temas personales", pese a que el de Ciudadanos acostumbra a atizar con dureza a su homóloga en Vox. Sin ir más lejos, hoy sí ha querido señalar "el afán de protagonismo" de Monasterio respecto a la primera bajada de impuestos de la legislatura que se vota este jueves.

Por su parte, la propia Monasterio ha mostrado "alegría" por la apertura de la investigación, ya que ha asegurado que así podrá demostrar que es inocente. "Me alegro mucho de que hayan abierto la investigación porque así tengo la opción de presentar alegaciones: puedo demostrar cómo se han manipulado documentos y cómo se está intentando confundir entre el papel de una empresa llamada Rocío Monasterio Asociados y el papel de un técnico, yo, arquitecta y colegiada", ha declarado. En este sentido, también ha dicho que no ha recibido aún la notificación de la Fiscalía.