El TSJC cita a Buch como imputado el 25 de marzo por el escolta de Puigdemont

  • La magistrada cita al conseller de Interior como imputado por los delitos de prevaricación y malversación.
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el entonces presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, y actual conseller de Interior del Govern de Quim Torra.
Imagen de archivo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el conseller de Interior, Miquel Buch.
ACN

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha citado el 25 de marzo como investigado al conseller de Interior, Miquel Buch, por haber nombrado como asesor a un sargento de los Mossos d'Esquadra para que supuestamente siguiera haciendo de escolta al expresidente Carles Puigdemont tras su huida.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas cita a Buch como imputado por los delitos de prevaricación y malversación, a raíz de la querella interpuesta por la Fiscalía Superior de Cataluña, que acusa al conseller de desviar 52.712 euros por la remuneración que el sargento de los mossos, Lluís E., percibió mientras ejerció de asesor, entre julio de 2018 y marzo de 2019.

La juez también ha citado como investigado al sargento Lluís E., contra quien también se dirigía la querella de la Fiscalía, en este caso para el día siguiente, 26 de marzo. 

En un auto del 2 de marzo, la magistrada descarta pronunciarse sobre si los dos querellados deben prestar una fianza, "sin perjuicio de lo que ulteriormente pudiera resolverse".

La Fiscalía Superior de Catalunya se querelló contra Buch por presuntamente nombrar como asesor al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà cuando en realidad ejercía de escolta en Bélgica de Puigdemont, al que el Tribunal Supremo procesó por el 1-O y declaró en rebeldía.

El TSJC acordó incoar diligencias previas porque "del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes" de los tipos delictivos, a la espera de que se realice la investigación.

"Se estima que se cumplen los requisitos de tipicidad y verosimilitud que fundamentan la admisión a trámite de la querella, y todo ello con independencia de las decisiones que proceda ir adoptándose en función de resultado de las diligencias que se vayan sustanciando", prosigue el auto judicial. 

Denuncia de Cs

La Fiscalía abrió diligencias de investigación el 20 de marzo de 2019 tras recibir una denuncia de Cs que aseguraba que Escolà, nombrado por Buch el 30 de julio de 2018 como asesor en materia de sistemas de seguridad con una retribución anual de 60.000 euros, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección o de escolta del expresidente.

Según la querella de Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor de sistema de seguridad constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza, y que solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, "un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde".

Para el teniente fiscal Pedro Ariche, la designación de Escolà respondía "única y exclusivamente al ilegítimo e indisimulado propósito de dar cobertura y protección a una persona en situación procesal de busca y captura".

Además constata que Escolà ya había realizado tareas de seguridad para Puigdemont antes de ser nombrado asesor y que con posterioridad "se dedicó de forma plena sin disimulo" a esta actividad. INFORME COPIADO

La Fiscalía relata en su querella que los informes realizados por Escolà en su cargo como asesor eran de muy corta extensión, plagados de generalidades y sin conclusión alguna que contribuya a mejorar la actividad de la Conselleria, y en un caso era "una copia indisimulada" de un trabajo realizado previamente en la Conselleria y publicado en el blog 'Notes de Seguretat'.

Los investigadores han podido constatar, explica el fiscal, la presencia de Escolà, una vez nombrado asesor de Interior, en 11 ocasiones en el extranjero realizando funciones de "protección, escolta y aseguramiento del procesado rebelde Carles Puigdemont".

Escolà fue cesado el 13 de marzo de 2019 y, según la Conselleria, el gasto total derivado de su cargo fue de 52.712,26 euros, "suma en la que ha resultado perjudicado el erario público autonómico a resultas de la torticera conducta", afirma la Fiscalía. 

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