La Región de Murcia es la cuarta comunidad autónoma en la que más crece la lista de espera en dependencia

La lista de espera en atención a la dependencia subió en la Región de Murcia un 3,9 por ciento en 2019, el cuarto mayor incremento por comunidades autónomas, según se desprende del XX Dictamen del Observatorio de la Dependencia, dado a conocer este lunes y recogido por Europa Press.
El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda de prensa.
El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda de prensa.
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El responsable de la Secretaría Política y de Comunicación de Podemos Andalucía, Pablo Pérez Ganfornina, en rueda de prensa.

En lo que se refiere al tiempo de espera de la tramitación de expedientes desde la solicitud hasta la resolución de las prestaciones, el tiempo que transcurre de media en la Región de Murcia es de 479 días -299 días más de lo establecido en la normativa, fijado en 180 como máximo-, mientras la media española se sitúa en 426.

El documento pone de relieve que, además de en Murcia, la lista de espera ha crecido en siete regiones españolas, situándose a la cabeza Extremadura (7,9%), seguida de Asturias (7,8%), Comunidad de Madrid (4,3%), Islas Baleares (3,3%), Comunidad Valenciana (1,9%), Galicia (0,6%) y la ciudad autónoma de Melilla (0,3%).

En el conjunto del país, hasta 426.000 personas se encontraban a la espera de recibir atención a la dependencia en España en 2019, lo que supone 50.000 más que a finales del año anterior. Se trata de la primera vez desde 2016 que aumenta el número de personas con necesidad de recibir este tipo de ayuda.

En concreto, hay 266.000 personas en la lista de espera para recibir atención, lo que supone 20.000 personas más que en 2018, y otras cerca de 160.000 personas pendientes de valoración, 30.000 más que en el ejercicio anterior.

Según el informe del Observatorio, el 42% de las personas desatendidas en 2019, es decir, 113.275 en total -15.000 más que el año anterior- son dependientes con Grados III o II, con necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

Además, los autores del estudio concluyen que en 2019 "se ralentiza" el incremento de personas beneficiarios, ya que el aumento de personas que sí fueron atendidas fue un 39% inferior que el año anterior (con 99.444 beneficiarios en 2018 y 60.904 en 2019).

En relación con el plazo de tramitación, se sitúa en una media de 426 días de media, "con grandes variaciones territoriales", según denuncia el Observatorio, que añade que al ritmo de incorporaciones de beneficiarios de 2019 se tardarían casi cinco años en lograr la plena atención.

El dictamen pone de relieve que el 3% de la población española necesita apoyos para desarrollar actividades básicas de la vida diaria. De este modo, a 31 de diciembre de 2019 había en España 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y otras 159.193 pendientes de valoración.

MÁS MUJERES QUE HOMBRES

Según los datos del Observatorio Estatal para la Dependencia, 1.115.183 personas recibían prestaciones o servicios del sistema por su situación de dependencia al finalizar 2019, lo que representa 60.908 más que un año antes (+6,4%). Del total de personas con dependencia reconocida, el 65% son mujeres y el 35%, hombres. El 72,6% de los dependientes reconocidos tiene más de 65 años y los mayores de 80 son el 54,2%.

Por otro lado, el dictamen sostiene que la pérdida de recursos económicos en dependencia desde 2012 asciende a 5.864 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares. "El recorte a la dependencia es el único recorte de los años crisis, que aun no ha sido recuperado", advierte.

En este sentido, apunta que un total de 8.891 millones de euros es el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2019, de los cuales las administraciones públicas aportaron 7.050 millones de euros y 1.840 millones los usuarios "en forma de copago regulado", lo que supone un 20,7%.

"Del gasto público directo en dependencia en 2019, la administración general del Estado soportó el 20% y las comunidades autónomas el 80%. Muy lejos de la pretendida aportación al 50%", denuncia el dictamen, que añade que el Sistema de Atención a la Dependencia en 2019 generó 263.024 empleos directos, 16.000 más que el año anterior. El impacto sobre el empleo es de 37,3 puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, ha subrayado.

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