El Gobierno suaviza en 125 millones su recorte a la retribución de las renovables y la cogeneración

El Gobierno ha suavizado en 125 millones de euros el recorte que aplicará a la retribución de las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos para 2020, que ascenderá finalmente a 921 millones de euros, frente al ajuste de 1.046 millones de euros que planteaba en su propuesta inicial.

El Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden de actualización de parámetros retributivos correspondiente al periodo de 2020-2025 para instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos, tras ser sometida a información pública y recibirse las alegaciones preceptivas.

Así, la orden final reduce en un 12% el ajuste que inicialmente se proponía para este año en la retribución para renovables y cogeneradores, con respecto a lo percibido en 2019.

Esta modificación responde, entre otros factores, a la ampliación del periodo que se emplea para el cálculo de las estimaciones del precio del mercado eléctricio y el precio de los derechos de emisión, según indicaron en fuentes del Ejecutivo.

Las mismas fuentes precisaron que el ajuste a la baja de la retribución se debe, fundamentalmente, al aumento de las previsiones de ingresos por venta de energía en el mercado para el futuro, así como a la obligación legal de compensar la retribución porque el precio real en el mercado fue superior a la senda que se estimó para el periodo anterior, 2017-2019.

Además, se han tenido en cuenta las actualizaciones al precio real de combustible, inferior al estimado, y del precio de los derechos de emisión del CO2, que se ha ajustado al alza.

Ya en 2016, al finalizar el semiperiodo 2014-2016, se realizó la preceptiva revisión de los parámetros, que aumentaron en 600 millones de euros anuales debido, principalmente, a que el precio de venta de la energía era más bajo.

En concreto, este régimen retributivo complementa los ingresos de mercado por venta de energía eléctrica para que las instalaciones renovables, cogeneración y residuos puedan cubrir sus costes y alcanzar la rentabilidad razonable que fija la normativa.

RENTABILIDAD RAZONABLE DEL 7,39% Y DEL 7,09%.

La rentabilidad razonable fue fijada a finales del año pasado en el Real Decreto Ley que establecía la nueva tasa de retribución financiera para todas estas plantas para el nuevo periodo regulatorio que arrancó el pasado 1 de enero.

Así, se aseguraba una rentabilidad razonable del 7,39% a la que se podían acoger las instalaciones anteriores a 2013 que tuvieran reconocida una retribución primada y por una vigencia de dos períodos regulatorios (hasta 2031); y del 7,09% para el resto en el período 2020-2025.

No obstante, para definir completamente cuál sería la retribución real para estos años se debía conocer la publicación de esta orden de actualización de los parámetros retributivos para las instalaciones renovables, de cogeneración y de residuos para 2020-2025.

Esta revisión es la que marca la normativa cada seis años. Adicionalmente, cada tres años, se realiza una nueva estimación de ingresos por la venta de energía generada en el futuro y, cada semestre se actualizan los valores de retribución a la operación para aquellas tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del coste del combustible.

Así, esta actualización supondrá un ajuste del presupuesto asignado al régimen retributivo de 921 millones de euros en 2020, respecto del coste de 2019.

Para 2021 el ajuste será de 817 millones de euros, también suavizado en torno a un 8,5% (76 millones de euros), y para 2022 de 690 millones de euros, un 10,5 menos (81 millones de euros) que en la propuesta inicial del borrador de orden, siempre tomando como referencia la retribución obtenida en 2019.

La norma marca que todo ingreso por encima de lo estipulado como rentabilidad razonable queda fuera del límite normativo español y comunitario. De no hacer esta actualización, la rentabilidad real percibida sería superior al valor fijado por ley y eso no es compatible con la normativa.

Asimismo, esta orden traslada eficiencias retributivas al consumidor de electricidad y su no aprobación supondría un incremento de la factura de electricidad.

UNA SUBIDA DEL 3,44% EN EL RECIBO SI NO SE APROBARA LA ORDEN.

De esta manera, para un consumidor doméstico tipo, el impacto de la no aprobación de la orden en el recibo de la luz supondría un aumento del 3,44% (un incremento del 6,46% en la parte regulada de su factura).

Por lo tanto, un consumidor con una factura anual de 700 euros habría asumido un incremento en su factura de 24,10 euros al año, si no se aprobara la orden, según estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

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