En una nota de prensa, el sindicato ha precisado que ya condenaron los hechos cuando ocurrieron "por tratarse de un ataque insólito contra el derecho a la información blindado en el artículo 20 de la Constitución".

El SPIB ha recordado también que el derecho al secreto profesional periodístico, a la intimidad y al secreto en las comunicaciones es "inherente a la labor periodística y esencial para el correcto funcionamiento" de la democracia.

"Lamentamos que la Fiscalía Anticorrupción amparase la requisa de los móviles y, junto con el juez, diera carta libre a la policía para registrar las redacciones de 'Diario de Mallorca' y Europa Press", han expresado.

En 2018, Florit ordenó rastrear las llamadas y posicionamientos de los móviles de estos dos periodistas y de otro compañero de la agencia Efe, que cubrían la presunta trama de corrupción del 'caso Cursach', y en diciembre autorizó la incautación de los móviles y ordenadores de Pou y Mestre.