La Guardia Civil ha desarticulado una red criminal de trata y explotación laboral de ciudadanos de Europa del Este, especialmente de Rumanía y Bulgaria, y ha liberado a 61 víctimas, que trabajaban como temporeros en campañas de recolección de cítricos en las provincias de Castellón, Valencia y Lleida.

Los cabecillas de dicho entramado criminal, un matrimonio de nacionalidad rumana, presuntamente captaron y trasladaron a España a más mil personas, a las que explotaban en unas condiciones inhumanas y de cuyo trabajo se lucraron.

En la denominada operación 'Bravos' han sido detenidas cinco personas, todas de nacionalidad rumana, a las que se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal y de trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Cuatro de ellos han ingresado en prisión, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Las dos personas con más peso en esta organización delictiva son un matrimonio, M.M y S.M, de 49 y 45 años respectivamente, afincados en la provincia de Castellón y con antecedentes policiales por hechos similares.

En la última fase de esta operación, los agentes han liberado a 21 víctimas, aunque en los últimos meses se ha tomado declaración a 61 personas que, en la mayoría de casos, han regresado a sus países de origen y cuyas manifestaciones han sido fundamentales para corroborar los hechos.

No podían salir de casa, salvo para trabajar

Las víctimas eran captadas en Rumanía y Bulgaria entre personas con alguna situación de vulnerabilidad económica o personal. Para atraerlas, les ofrecían un contrato de trabajo en España con remuneraciones en metálico y una vivienda digna y gratuita durante toda la duración del contrato laboral, según han relatado las fuentes.

La mayoría, ante la escasez de ingresos para comprar productos de primera necesidad como medicamentos o comida, aceptaba la oferta y, en muchos casos, se pagaban ellos mismos el traslado en autobús o incluso por vía aérea.

Al llegar a España, eran distribuidos en distintas casas donde los recibía el matrimonio, que les informaba de que debían solicitar documentos como el NIE para poder trabajar legalmente, por lo que les cobraban 20 euros, pero nunca se los entregaban.

Además, les decían que no podían salir bajo ningún concepto de las casas, salvo para trabajar, y que tenían que ir siempre acompañados por personas de la red delictiva, que los aleccionaban sobre qué decir ante posibles inspecciones. Además, les cobraban 3 euros diarios por el traslado al trabajo y 75 en concepto de alquiler, extremos que figuraban sin coste en las condiciones iniciales

Jornadas maratonianas y salarios irrisorios

La jornada laboral era en realidad de 7.30 a 18.30 horas, de lunes a domingo, con una pausa de 15 minutos para comer, y el único descanso contemplado era a causa de las inclemencias meteorológicas adversas.

Inicialmente, la organización les dijo que les pagarían en metálico, pero los obligaron a abrir cuentas corrientes para cobrar por transferencia y el matrimonio se apropió de sus libretas para retirar dinero a su antojo.

La mayoría lo remitían a su país de origen para blanquearlo y a las víctimas les pagaban en metálico cantidades irrisorias y les descontaban sus supuestas deudas e incluso utilizaban la violencia si protestaban.

A estas irregularidades se suma que las víctimas dormían y hacían vida en condiciones de hacinamiento y sin ningún tipo de privacidad, ya que en una de las casas vivían 25 personas en tres habitaciones y disponían de una sola cocina.