Así se lo han trasladado al delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, en el transcurso de una reunión que se ha desarrollado esta mañana en Valladolid y en la que el representante del Ejecutivo central en la Comunidad les ha desgranado las ayudas aprobadas ayer.

Izquierdo ha destacado, en declaraciones recogidas por Europa Press, la importancia que el sector tiene para Castilla y León como motor para "fijar" población en el medio rural, como productor de alimentos de "calidad y sanos" y por todo lo que aporta a la transición ecológica donde, a su juicio, es el primer "aliado" del Gobierno y del país, además de ser "sumideros" de carbono y del interés que tiene por adaptarse a las nuevas energías con el objetivo de lograr ser "neutros" en emisiones de gases.

Por todo esto, ha explicado, ha sido el primer colectivo al que ha recibido. Una decisión que viene acompañada por el paquete de medidas que aprobó ayer el Gobierno central y que ha analizado con el sector. En este sentido, el delegado ha incidido que se trata de un "primer paso" dentro de una estrategia para intentar solucionar los problemas del campo, "prioridad absoluta" para el Ejecutivo de Sánchez, a través del "diálogo y la acción".

Iniciativas que se dieron a conocer ayer encaminadas, ha resumido, a conseguir precios "justos" para el agricultor en los que se reconozcan los costes de producción; que no le trasladen riesgos; que prohíban las ventas a pérdida y sanciones públicas para aquellos que incumplan estas cláusulas. "No vamos a solucionar los problemas de la noche a la mañana, pero ponen en equilibrio al productor de cara a conseguir unos precios públicos que garanticen la viabilidad de las explotaciones agrarias", ha señalado.

También ha recordado que se "alivia la carga fiscal" en la incorporación de nuevos y jóvenes agricultores al campo permitiendo diferir el peso tributario en los cuatro años posteriores al inicio de la actividad y la "dignificación" del empleo rural con incentivos para dar estabilidad y bonificaciones para atraer a la mujer a la actividad agrícola y ganadera.

Por último, ha advertido de que se está en un periodo importante para la negociación de la Política Agraria Comunitaria, con un Gobierno que ha mostrado su "firme" rechazo a la propuesta presupuestaria establecida en el uno por ciento de la Renta Nacional Bruta, por lo que ha pedido colaboración a Autonomías y organizaciones agrarias y ganaderas colaboración para trasladar a Europa una posición "sólida".

Medidas, todas ellas, aplaudidas por las organizaciones agrarias, ya que alguna de ellas suponían una "reivindicación histórica", como la de referenciar los costes de producción en los precios, pero que, sin embargo, son "insuficientes" para una agricultura y ganadería continental como la de Castilla y León.

En este sentido, el presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, ha querido dejar claro que el campo es "solución" a los problemas de la Comunidad en despoblación, envejecimiento, alimentación y cambio climático.

Para Dujo las movilizaciones del sector no tienen ni un origen político ni el Salario Mínimo Interprofesional está en su raíz. Lo hacen por "unidad de acción" de los "profesionales" del campo. Así, aunque ha saludado todas las medidas aprobadas ayer enfocadas en buscar mejores precios, mejoras en el seguro agrario, mayores beneficios fiscales e incentivar el cambio de energía fósil a renovable, se ha preguntado "¿qué hay de nuestros cereales?, ¿qué hay de la mejora de sus precios o la bajada de los cotes de producción? Estas medidas no son suficientes para la producción continental de Castilla y León", ha apostillado.

También ha lamentado el "retraso" en la negociación de las políticas europeas que "estrangula" al agricultor y ve "inasumible" la rebaja presupuestaria del 20 por ciento en la PAC y el 24 en Fondos de Cohesión, que ha cifrado en 1.071 millones menos a percibir por el sector en los próximos siete años. "Trabajaríamos siete años y cobraríamos seis", ha resumido.

Por último, además de reivindicar soluciones a la plaga del conejo, o el mantenimiento de los servicios básicos, ha cargado contra la Confederación Hidrográfica del Duero que ha considerado una institución propia del siglo XXI ni en "interlocución", ni en "solución de problemas".

INTERLOCUCIÓN

El coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha reclamado al delegado del Gobierno modificar la representación de las organizaciones agrarias congelada desde "hace más de doce años". Además, ha incidido en que si bien es importante negociar una PAC con una financiación "suficiente" también lo es "decidir" a quién se dan esas ayudas.

Así, desde UCCL insisten en que las ayudas se repartan entre aquellos cuyos ingresos suponen un 25 por ciento de la renta del agricultor, algo, se ha quejado, en lo que se deben ir "a una" todas las organizaciones agrarias. "El 40 por ciento de los perceptores de la PAC tienen ingresos por debajo de este índice. Si nos vamos a mover en un contexto en el que las ayudas se van a reducir, el reparto se debe hacer entre aquellos que vivimos del campo, si no, no podremos conseguir ser competitivos", ha apuntado.

Ha valorado el real decreto aprobado por el Gobierno central, pero también se ha sumado a las críticas de Asaja hacia la CHD. "España tienen una deuda histórica con el regadío de Castilla y León", ha lamentado para reclamar inversiones en infraestructuras hidráulicas al "mismo nivel" que en otras autonomías.

Desde UPA CyL, su secretario general Aurelio González, se ha valorado el decreto aprobado por el Gobierno, porque atiende a una "reivindicación histórica" del campo que era "referenciar" los costes de producción para negociar "precios dignos".

No obstante, ha coincidido en que son medias "insuficientes" para los problemas que presentan las producciones continentales como la de Castilla y León con déficit de "rentabilidad" en sus explotaciones. "los precios son los mismos que hace 40 años, pero los costes de combustible, seguros y maquinaria, se han triplicado", ha apostillado.

De ahí que haya insistido en la necesidad de políticas que apoyen las explotaciones familiares. "Si hay un problema en la Comunidad, es el de la despoblación y el envejecimiento y la solución pasa por el mantenimiento de este tipo de explotaciones", ha zanjado.

Por último, desde Coag, su responsable de Organización, Lorenzo Rivera, valora el real decreto aunque advierte de que todavía "hay mucho que hacer" en la cadena alimentaria, ha reivindicado una PAC fuerte, con "mayor presupuesto" que refuerce a Europa después del Brexit.

Rivera ha alertado de una perdida del nueve por ciento en las rentas agrarias y que los agricultores y ganaderos de la Comunidad son los más sufren el cambio climático, por lo que también son los más interesados en adaptarse a las nuevas condiciones. "Somos eje fundamental en el mundo rural y si desaparecemos no habrá pueblos, por eso es importantísimo defender y mantener las explotaciones familiares", ha agregado.