El Senado da seis meses al Gobierno para suprimir el "error" del voto rogado

Imagen del Senado
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EUROPA PRESS

El Senado ha puesto fecha a la necesaria reforma del sistema del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero, que desde 2011 les obliga a solicitar el ejercicio de su derecho al voto, un "error" según los grupos parlamentarios, que quieren que el Gobierno subsane en un plazo máximo de seis meses.

El pleno de la Cámara Alta ha aprobado por una mayoría de 247 votos, sólo matizada por nueve abstenciones del PNV y dos en contra de Vox, una moción donde insta al Gobierno a "promover e impulsar, en un plazo no superior a los seis meses, una iniciativa legislativa dirigida a suprimir de la legislación electoral la exigencia del voto rogado para los españoles residentes en el extranjero".

La redacción es fruto de una enmienda transaccional firmada por todos los grupos a partir de una iniciativa del PSOE, y emplaza a que el resultado final de esta reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) "cuente con el mayor consenso posible".

No es la primera vez que el Senado se pronuncia a favor de quitar el voto rogado de la LOREG: lo pidió unánimemente en mayo de 2017, por asentimiento.

El consenso por el que aboga la moción ha quedado plasmado en la coincidencia en el diagnóstico del problema que los portavoces han hecho desde la tribuna, aunque no así en las soluciones que permitirían mitigarlo.

Coinciden todos en que la implantación "bien intencionada" de este sistema, en palabras del representante socialista, Artemi Rallo, en el año 2011, a instancias del PSOE y con el apoyo de las demás fuerzas políticas, fue "un error" porque hizo caer estrepitosamente la participación en los siguientes comicios.

La complejidad del procedimiento para el voto, con dificultades añadidas por la falta de medios en los consulados, retrasos en el envío de papeletas y plazos muy restringidos, hizo caer la participación del voto exterior de un 32% en 2008 a un 5% en 2011, tendencia que se ha mantenido desde entonces.

Un "despropósito sin paliativos", en palabras de Artemi Rallo, quien ha constado además que ni siquiera logran votar todos los que se inscriben para hacerlo, porque si para las últimas elecciones generales lo pidió el 10,6% de los votantes en el exterior, al final el voto efectivo fue solo del 7%.

El senador socialista ha arremetido contra el PP por haber "mirado para otro lado" cuando gobernaba al sospechar que si suprimía este método muchos de los españoles que emigraron obligados por la crisis económica le "castigarían" en las urnas.

Amelia Salanueva, en nombre del grupo popular, le ha replicado lamentando que para el PSOE "de todo, como siempre, tiene la culpa el PP", y ha advertido que su respaldo a la moción "no es un cheque en blanco" para otros cambios que hayan podido pactar los socialistas con sus socios.

Por ello ha insistido en que la supresión deberá acometerse por consenso para acabar con los efectos "no deseados" de la reforma de 2011, que no obstante logró "mayor seguridad jurídica" para combatir el fraude en el voto exterior.

Desde Ciudadanos, la senadora Ruth Goñi ha aprovechado para pedir cambios más amplios en la legislación electoral que acaben con un sistema "injusto" que solo beneficia al PP, al PSOE y a los nacionalistas.

Laura Castel, de ERC, ha considerado las trabas que padecen los votantes del exterior como un "viacrucis" administrativo que hace a los expatriados "ciudadanos de segunda" para quienes "votar es una odisea, especialmente para los ciudadanos catalanes".

Marta Pascal, de JxCAT, ha planteado la posibilidad de implantar el voto electrónico en el exterior para subsanar el problema. Aunque su grupo ha firmado la enmienda transaccional, el PNV ha preferido abstenerse, según Imanol Landa, a la espera de la fórmula concreta que en el futuro se pueda plantear para la reforma.

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