El Gobierno quiere llevar al Congreso este año 92 proyectos legislativos para que se conviertan en ley, en cuestiones como una nueva ley educativa o una ley contra el fraude fiscal. Entre este extenso plan legislativo se encuentra también una reforma del Código Penal que incluirá, según lo anunciado por el presidente, una revisión del delito de sedición, aunque de momento no tiene fecha precisa. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, no ha podido precisar este martes cuándo habrá un proyecto de ley y si estará listo en la primera  o la segunda mitad del año.

Calvo ha explicado este martes la decisión que ha tomado el Consejo de Ministros de aprobar un "calendario legislativo" con todas las nuevas normas que el Gobierno quiere aprobar en 2020. Son 92, ha dicho Calvo, entre leyes orgánicas y leyes ordinarias y otro tipo de normativas,

Según ha explicado, la intención del Ejecutivo es que desde ahora hasta que en agosto el Congreso entre en periodo inhábil remitir a las Cortes la mitad de esos proyectos legislativos. La otra mitad irían en la segunda mitad del año, hasta que termine diciembre.

Y entre todos estos planes legislativos, Calvo ha afirmado que también se encuentra la reforma del Código Penal que, entre otros aspectos, incluirá el espinoso asunto de la revisión de delitos como el de sedición y quizá también de rebelión. El propósito, según el Gobierno, es alinearlas penas con las que contemplan los ordenamientos jurídicos de otros países europeos, En la práctica, una reforma de la sedición podría llevar a una reducción de penas que eventual mente podría beneficiar a los políticos catalanes que cumplen condena por organizar el 1-O.

"Naturalmente, la reforma del Código Penal está previsto por el ministro de Justicia en el primer periodo, de aquí al periodo de descanso más o menos en agosto o en el segundo", ha dicho Calvo, que no ha precisado en qué época estará lista una propuesta legislativa que ya parece que va a salir del Gobierno. En todo caso, la vicepresidenta ha asegurado "el interés de Justicia sobre las reformas pendientes en el Código Penal".

Con la aprobación este martes del calendario legislativo, Calvo ha afirmado que el Gobierno "ha dado luz verde al núcleo fundamental de la acción política para toda la legislatura". En concreto, a 2020, porque en los próximos años seguirán otros planes legislativo. 

Gobernar mediante decretos

Si se compara con la manera de trabajar del Gobierno de Pedro Sánchez en la anterior legislatura, con esta planificación se deja claro que acudirá al proceso ordinario para la elaboración de leyes, es decir, una propuesta por parte del Consejo de Ministros sobre la que después caben enmiendas de los partidos en el Congreso. Esto es distinto al recurso casi continuo de los reales decretos ley, que dejan al Congreso sólo la capacidad de aceptar o rechazar -de manera casi excepciona- pero no modificar una propuesta del Gobierno.

Sin embargo, Sánchez no prescindirá totalmente de estos reales decretos ley, como el este mismo martes ha aprobado, por motivos de urgencia, el Consejo de Ministros relativo al campo.

"No es óbice para que el Gobierno, cuando considere oportuno, utilicemos la legislación de urgencia", ha dicho Calvo, que ha asegurado que será "en términos puntuales", porque "estamos en una legislatura estable de cuatro años por delante en los que queremos que este país tenga un gran conversación" con otras fuerzas políticas.

Educación, discapacidad o PGE

Calvo sí ha indicado que próximamente se aprobarán proyectos como el de la nueva ley de Educación y de contra Violencias Sexuales, que previsiblemente estarán en la agenda del próximo Consejo de Ministros, el martes que viene.

También está en cartera una ley de lucha contra el fraude, una ley de Transición Ecológica y por supuesto, la propuesta de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2020, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, querría remitir al Congreso antes del verano, según dijo la semana pasada.

Por otra parte, Calvo ha esperado obtener la "unanimidad" entre los grupos parlamentarios para otra propuesta que hará este año el Gobierno, la reforma del artículo 49 de la Constitución para sustituir el término "personas discapacitadas" al que hace referencia por "personas con discapacidad".

En concreto esta última reforma ya se aprobó el año pasado en el Consejo de Ministros antes de que la convocatoria de elecciones del 28-A hiciera decaer casi todos los proyectos legislativos, muchos de los cuales se retoman ahora en un calendario sobre el que Calvo no ha dado más detalles porque aun tiene que pasar por la comisión delegada de Asuntos Económicos. 

En otros casos de entre esos 92 planes de ley del Gobierno hay nuevas propuestas recogidas en los programas electorales los socios de la coalición y plasmadas también el acuerdo de Gobierno.