Concretamente, ha explicado el portavoz del Gobierno, Chus del Río, los tres expedientes aprobados se refieren a las parcelas 26, 262 y 265 del polígono 53, afectadas por la expropiación derivada de la ejecución del refuerzo de firme en la carretera LR-134, desde el punto kilométrico 6,550 a la autopista AP-68.
La Consejería de Sostenibilidad y Transición Ecológica, quien solicita el recurso judicial, discrepa del precio establecido en la valoración del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa en base a criterios de producción, precio, costes del kilo de fruto cultivado, así como de localización, entre otros.
De este modo, y teniendo en cuenta las sentencias dictadas por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en supuestos similares, considera que existen razones para impugnar la Resolución, para lo que gozará de un plazo de dos meses a partir de la notificación, efectuada el 29 de enero de 2020.
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