Así lo ha explicado este martes el secretario general de la Federación de Construcción y Servicios de Comisiones Obreras, Vicente Sánchez, que ha presentado en rueda de prensa en Valladolid los datos recopilados en Castilla y León por el Observatorio, una entidad creada en el ámbito del sindicato para el seguimiento de la contratación del sector público.

Este observatorio ha analizado la contratación pública de todas las administraciones en el ámbito de la Comunidad -Estado, Junta y entidades municipales y locales- entre el mes de octubre de 2019 y enero de 2020, cuando se adjudicaron contratos por valor de 105 millones de euros que en licitación estaban presupuestados por 134 millones, lo que supone una reducción de 29 millones (21,6 por ciento).

CCOO ha sacado la conclusión de que las administraciones públicas se rigen por el precio a la hora de contratar, basándose en la denominada Ley de Desindexación, de 2015, la cual el sindicato reclama derogar porque permite cuestiones como que la administraciones "no tengan que velar por el pago a los trabajadores", ni exigir las cargas de Seguridad Social ni la tributación de la fiscalidad.

Ello, según Sánchez, se traduce en que las empresas adjudicatarias "reducen tanto los precios que se rebaja la calidad del servicio, hay menos empleo, más carga de trabajo para y al final ha casos en los que la obra no se puede hacer". Y mientras tanto, según Sánchez, la Administración no puede "velar por los requisitos" o exigir que se pague a los empleados.

"Así se ven adjudicaciones a la baja", ha recalcado el secretario general de esta federación sindical, que ha advertido de que, si se mantiene la media de estos meses a lo largo de un año se dejarían de invertir "120 millones de euros".

En los cuatro meses analizados, según los datos del Observatorio, la administración que más volumen de obra adjudicó fue el Estado, con 45 millones de euros, y una reducción sobre el presupuesto de licitación del 24 por ciento; mientras tanto, la Junta de Castilla y León ha suscrito contratos por valor de 35 millones de euros, con una baja del 23,7 por ciento; y las administraciones locales adjudicaron por 24,7 millones de euros, un 12 por ciento menos que la licitación.

Por importes, según CCOO, el Estado "ha dejado de gastar 14,7 millones de euros" en estos cuatro meses; la Junta, 10,7 millones de euros; y las entidades locales, 3,5 millones de euros.

Ante esta situación, el sindicato reclama la derogación de la Ley de Desindexación y que estas contrataciones se rijan por la Ley de Contratación Pública de 2017, que recoge una transposición de normativa europea, y que según Vicente Sánchez primaría la calidad del servicio.

Así, por ejemplo, se adjudicaría una obra a una empresa que aporte 7 años de garantía de la obra en lugar de cinco y no porque haya bajado el precio. Por ello, ha pedido a las administraciones que "ajusten los precios de licitación al precio realización servicio" y que las empresas "compitan por hacerlo mejor, no por hacerlo más barato".

En estos cuatro meses se suscribieron en Castilla y León 214 contratos públicos "tan diversos como construcción, limpieza de edificios o recogida de residuos", y el mes con mayor actividad fue octubre, con 69 contratos; seguido por diciembre, con 54; noviembre, con 46 y enero, con 45.