La ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que el Gobierno quiere aprobar antes del 8-M, incluirá la puesta en marcha progresiva de "centros de crisis" para atender a las mujeres agredidas durante las 24 horas del día. 

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este lunes que el decreto, que irá al Consejo de Ministros la próxima semana, promoverá la puesta en marcha de una red de servicios de asistencia integral de las víctimas de violencia sexual, unos centros que recomendó crear el Consejo de Europa. 

En su primera comparecencia ante la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados, Montero ha destacado que, como la mayoría de las mujeres no denuncia las violencias machistas, la respuesta institucional debe ser "mucho más amplia" para acompañar a todas las víctimas, medie o no denuncia.

Montero, que ha precisado que su departamento también impulsará una ley contra la trata con fines de explotación para proteger a las víctimas y "plantarles cara a los criminales que la sustentan". La ministra ha subrayado que España contará por primera vez con un marco normativo integral que reconozca -y prevenga- como violencias machistas todas las conductas que impliquen vulneración de la libertad sexual, también mediante las nuevas tecnologías, incluidos el acecho y la extorsión. 

Aunque ha dicho que tanto a ella como a su Ministerio les gustaría abolir la prostitución, ha precisado que no pretenden "resolver un debate histórico y legítimo en el movimiento feminista" y que en ningún caso permitirán que este debate divida a las feministas, con las que pretenden tejer una "poderosa e inquebrantable alianza". 

Convenio 189 de la OIT para las trabajadoras domésticas

Por otra parte, la ministra de Igualdad ha confirmado en sede parlamentaria que el Gobierno tiene previsto ratificar el Convenio 189 de la OIT (PDF), que garantiza una equiparación de los derechos de los trabajadores del régimen general a las empleadas del hogar. El convenio establece unos estándares mínimos de protección para quienes desempeñan trabajo doméstico remunerado.

Montero ha avanzado que España ratificará este convenio la OIT -una demanda histórica de los sindicatos- para poner en valor a este colectivo y ha tachado de "inexplicable" el hecho de que este convenio no forme parte ya de los compromisos internacionales de España. 

"Todos sabemos lo que es el techo de cristal, pero necesitamos entender que más grave aún resulta el suelo pegajoso de muchas trabajadoras de este país", ha subrayado la ministra de Igualdad, que ha recordado que, según el INE, el 18,8% de las mujeres tuvo ingresos iguales o menores al salario mínimo interprofesional de 2017, frente al 7% de los varones.

Ley LGTBI y el aborto

Otro de los avances legislativos que pretende promover es la ley LGTBI que acabe con el estigma, la discriminación y las violencias que ha sufrido y sufre este colectivo. Montero estima que estará lista antes del verano.

A esta norma Igualdad pretende sumar una ley trans y otra para la igualdad de trato y la no discriminación.

En cuanto al aborto, la titular de Igualdad ha adelantado que es una "prioridad" volver al marco normativo de 2010 para permitir que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo, para promover que la sanidad pública asuma un rol más importante en esta materia y para proteger tanto a las mujeres que se someten a un aborto como a los profesionales que lo practican.

La ministra de Igualdad, que ha lamentado la "reacción machista, xenófoba y retrógrada" de la extrema derecha al feminismo, ha solicitado a todos los grupos parlamentarios que se vuelva al consenso del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para luchar contra todas las discriminaciones.