El juez Miguel Florit se enfrenta a 42 años de inhabilitación en el juicio que se celebra el próximo jueves en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acusado de varios delitos por requisar los teléfonos de dos periodistas y controlar sus comunicaciones y las de sus empresas cuando investigaba el caso Cursach.

La Fiscalía, que apoyó la actuación de Florit, no ejercerá la acusación en este juicio, en el que sí están personadas como acusaciones la Agencia EFE, la empresa editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, Europa Press y la Asociación de Medios de la Información.

Los periodistas y las empresas atribuyen a Florit los delitos de prevaricación, contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones, y reclaman para el juez 42 años de inhabilitación.

El acusado ya no ejerce de juez, ya que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó el pasado noviembre declarar la jubilación voluntaria anticipada de Florit, en respuesta a la solicitud del propio magistrado.

La magistrada del Tribunal Superior de Baleares que instruyó la causa contra el juez Florit señaló al acabar sus actuaciones que "los hechos investigados revisten los caracteres de delito y que existen indicios racionales de criminalidad contra el acusado", para quien fijó una fianza de 60.166 euros. En el juicio también estará personado como responsable civil subsidiario el Estado.

A finales de 2018, en el ámbito de la investigación sobre el supuesto entramado corrupto liderado por el empresario mallorquín Bartolomé Cursach, Miguel Florit, tercer instructor del caso, autorizó a la Policía a reclamar los registros de llamadas de las delegaciones en Palma de la Agencia EFE y Europa Press y de la redacción de Diario de Mallorca, a requisar material informático en oficinas de estas dos últimas empresas y a incautar el teléfono de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre.

El juez investigaba la filtración de un informe sobre presuntos delitos fiscales que habían publicado distintos medios de comunicación.

Las principales organizaciones profesionales de periodistas de las Baleares y del conjunto de España consideraron esta actuación una vulneración del derecho constitucional de los informadores a mantener en secreto sus fuentes.

En su declaración durante este proceso, los periodistas de Diario de Mallorca y Europa Press afectados por esta causa afirmaron que se vieron forzados a entregar los teléfonos a la Policía y que se vulneró su derecho al secreto profesional.

El juez Florit pidió el registro de un año de llamadas de la delegación de la Agencia EFE en Baleares y de las comunicaciones y la ubicación del teléfono móvil de un profesional de esta empresa con el propósito de identificar las fuentes de una información.