El servicio se pondrá en marcha este mismo curso y estará gestionado por profesionales, que ofrecerán asistencia presencial y también responderán consultas a través del teléfono e Internet.

El objetivo de esta iniciativa es doble. Por una parte, pretende prevenir situaciones de conflicto en los centros educativos y, por otra, ayudar a los afectados que sufren situaciones violentas. En este caso, las víctimas recibirán asistencia especializada y los profesionales de esta asesoría le indicarán a qué organismos tienen que recurrir para soluciones de tipo legal, como denunciar a un agresor o pedir la expulsión de un alumno conflictivo.

Acuerdo de convivencia

La creación de esta asesoría psicológica y legal es uno de los pilares del Acuerdo para la Convivencia Escolar firmado en enero entre la Administración y diferentes colectivos sociales.

Entre otras medidas, el acuerdo contempla la elaboración de un protocolo unificado para tratar de una manera homogénea los casos de violencia escolar. Este documento establecerá los principios que deben regir la convivencia y, a la vez, incluirá instrucciones para la correcta organización y funcionamiento de los centros educativos de la comunidad.

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