Casares, que recuerda que hoy es el Día Mundial de la Justicia Social, señala que el Gobierno de Pedro Sánchez ha reparado una "anomalía democrática" y demuestra su compromiso con garantizar los derechos de los trabajadores del país.

Así se expresa el diputado nacional tras la derogación del artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que permitía a las empresas despedir a trabajadores que estuviesen de baja por causas médicas justificadas.

"Hemos hecho justicia y estamos reparando los derechos de los trabajadores, que pueden sentirse tranquilos tras esta medida, que es sólo el comienzo de muchas otras más", enfatiza, a la vez que dice que "a partir de hoy nadie va a ser despedido teniendo causa justificada de baja por enfermedad".

Además, Casares recalca que esta primera decisión supone el primer paso en el proceso de derogación de los aspectos lesivos de la reforma laboral del PP.

Un compromiso que ya se recogía en el programa electoral del PSOE para las elecciones generales del 10 de noviembre, "lo cual demuestra que el Gobierno tiene una hoja de ruta clara que coincide con lo que se comprometió a hacer con la ciudadanía, un gobierno de progreso que recupere derecho, garantice el bienestar y consolide la igualdad de todos".

El dirigente del PSOE subraya que de no haberse derogado el artículo 52.2.d del Estatuto de los Trabajadores, impuesto por el PP en 2012, se habría mantenido un "castigo injusto" sobre los trabajadores cántabros, que podrían haber sufrido despidos por esta causa.

"La irresponsabilidad del PP hizo que se eliminara la referencia al absentismo global de la empresa en 2012, dentro de su reforma laboral, lo que ha posibilitado que las empresas pudieran aplicarlo de forma indiscriminada, sin necesidad de que se hiciera una valoración del caso concreto", señala Casares en un comunicado de prensa.

A su juicio, la libertad de una empresa "no puede anteponerse a la integridad física y moral de los trabajadores, y a un valor tan fundamental como la salud humana". "Ello generaría más vulnerabilidad profesional y personal a los trabajadores", asegura.

Por último, Casares afirma que con esta decisión del Consejo de Ministros del Gobierno de Pedro Sánchez se cumple con la obligación legal de adaptar nuestro ordenamiento para cumplir con la normativa europea "dando más seguridad jurídica en el mercado de trabajo y consolidando a nivel europeo las garantías y derechos que deben tener los trabajadores en nuestro país".