Gobierno regional no se reunirá con Celaá hasta ver cómo evoluciona el trámite judicial sobre la 'autorización parental'

El Ejecutivo murciano no se reunirá con la ministra de Educación y FP, Isabel Celaá, para hablar sobre la denominada 'autorización parental' hasta ver "cómo evoluciona el trámite judicial iniciado" por el Gobierno central, según ha hecho saber el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán.
Imagen del consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Cledrán, en la rueda de prensa
Imagen del consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Cledrán, en la rueda de prensa
EUROPA PRESS

Celdrán ha respondido de esta forma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno y al ser preguntado por el ofrecimiento de Celaá, quien ha asegurado que no tiene inconveniente en reunirse con la consejera del ramo de Murcia, Esperanza Moreno, para explicarle por qué su departamento ha recurrido esta medida.

En este sentido, Celdrán se ha mostrado a la expectativa de ver "cómo evoluciona el trámite judicial iniciado" porque "tiene poco sentido que nos reunamos en una fecha cercana cuando nos han puesto el requerimiento judicial hace tan solo unas horas".

Ha avanzado que el Gobierno murciano acatará lo que diga la Justicia y, a partir de ese momento, estará en disposición de hablar con la ministra, aunque cree que las administraciones deberían "intentar no llegar a usar la Justicia para entendernos".

No obstante, ha lamentado que Celaá se ha dedicado "unas cuantas semanas" a estar "amenazando continuamente y en una posición poco dialogante". Ha destacado que, "cuando se pretende solucionar un problema, los expertos en negociación dicen que lo último que hay que hacer es amenazar con intención de asustar".

En concreto, ha criticado que la ministra "amenazó con hacer un requerimiento judicial" y, una vez que el asunto ha entrado en esa fase judicial, el Gobierno murciano no tiene "nada más que decir".

"Nosotros somos respetuosos con la ley, con los mecanismos de la legislación vigente y con el sistema constitucional, que es el que permite que vivamos en uno de los mejores países desde el punto de vista de la calidad democrática", según Celdrán, quien cree que otros partidos políticos y el propio Gobierno central no comparten tanto esta opinión.

Y es que ha lamentado que el Gobierno central "sí que es capaz de sentarse con un presidente inhabilitado; de estar negociando con gobiernos secesionistas que cuestionan el modelo del país y que son capaces de llevar al extremo de intentar romper nuestro modelo democrático; y con los que, en fin, están en una posición de usar la ley en la versión más negativa".

A este respecto, ha recordado que el Gobierno de España presentó hace un año también un requerimiento a la Comunidad sobre la paga extra que incluían los Presupuestos de 2019 que se "cerró de forma unilateral" por parte del Ejecutivo central, "sin darnos ocasión a dar explicaciones". Tras el trámite judicial, recuerda que la Comunidad ha acatado "lo que dice la Ley".

"LO QUE HEMOS HECHO SE AJUSTA A LA LEY"

"Nosotros seguimos con la tranquilidad de saber que contamos con el informe jurídico, con un informe técnico de la inspección y que lo que hemos hecho se ajusta a la Ley", según Celdrán, quien cree que el debate es de "carácter político" y todo el "ruido" que se ha generado "no deja de ser una cortina de humo más del Gobierno de España".

En concreto, cree que es una "cortina de humo para que no hablemos de lo que está pasando con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y la entrada en el aeropuerto de Barajas de una vicepresidenta de un país narcodelincuente; para que no hablemos sobre de qué manera se ha nombrado a la Fiscal General del Estado; o de tantas otras cosas sobre las que el Gobierno de España pretende desviar la atención".

Más allá de eso, ha insistido en que el Gobierno murciano tiene la "tranquilidad" de que ha actuado "conforme a la ley" y ha avanzado que acatará lo que diga el Tribunal Superior de la Región de Murcia (TSJMU). Así, ha avanzado que el servicio jurídico de la Comunidad es el que tiene que posicionar la defensa jurídica de la Comunidad y está "realizando su trabajo".

"Nos gustaría, además, que el resto de ministros también tomaran nota y respondieran a las peticiones que estamos haciendo los consejeros de la Comunidad desde hace meses para poder reunirnos en el ámbito de nuestras competencias", según Celdrán, quien critica que no obtienen respuesta en este sentido.

Al ser preguntado por si espera que haya algún cambio de postura por parte de Vox en el pleno de presentación de enmiendas a la totalidad que se celebrará este viernes, Celdrán ha señalado que, en principio, "no hay ninguna modificación de ningún tipo en los acuerdos" que se habían alcanzado.

"Por tanto, todos cumpliremos con nuestra palabra dada y con nuestros compromisos, de forma que el trámite de este viernes debe de ser un trámite exitoso", según Celdrán.

POSICIÓN DEL CLAUSTRO DE LA UMU

Celdrán también se ha referido a la declaración institucional aprobada este miércoles por el Claustro de la Universidad de Murcia (UMU) en contra de la 'autorización parental'.

Al ser preguntado a este respecto, Celdrán ha hecho una valoración "muy positiva" de esta declaración del Claustro, porque "respeta totalmente lo que dice un organismo tan independiente y tan valorado por la sociedad y por el Gobierno regional como es la Universidad de Murcia". En este sentido, ha señalado que se trata de una declaración "realizada por el 30% de los miembros del Claustro".

Es más, cree que es una "buena noticia" que la UMU haya "emprendido "ese camino", en el que "pueda valorar con esa independencia y hacer declaraciones respecto a temas que tienen que ver con la vida de los murcianos".

Por ejemplo, cree que "sería estupendo" que el Claustro "pudiera también opinar con respecto a la infrafinanciación que tiene la Región, y que afecta muy especialmente a la vida universitaria, puesto que tenemos menos capacidad de tener becas o de bajar las tasas universitarias".

Celdrán también considera oportuno que el Claustro "pudiera opinar sobre el AVE, que está permitiendo que lleguen estudiantes de otras comunidades hasta Alicante y en la Región, sin embargo, estemos penalizados". También cree que "sería estupendo" que la UMU pueda opinar "sobre el agua", ya que "la gran mayoría de los egresados de la UMU acaban trabajando en empresas agroalimentarias".

Ha reconocido que la autorización familiar "es para menores de edad" y afecta a la Educación Primaria, a Secundaria y a Bachiller, por lo que "no tiene nada que ver con la UMU". No obstante, ha insistido en que le parece "genial" que el Claustro opine sobre un tema que "no tiene nada que ver con la vida diaria de la Universidad ni de sus estudiantes".

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