La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, ha presidido esta sesión a la que han asistido representantes de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla.

Durante la reunión, el vicepresidente Javier Remírez ha mostrado "la completa disponibilidad del Gobierno foral para colaborar en la estrategia de seguridad nacional, que Navarra asume como propia". En su intervención, ha señalado que "muchos de los retos de la seguridad ciudadana trascienden a nuestras fronteras y competencias y exigen colaboración para dar respuestas". Además, ha resaltado que "ambas administraciones -la navarra y la central- ya vienen trabajando desde la cooperación, la coordinación y la corresponsabilidad".

Asimismo, ha destacado "la importancia de la colaboración entre comunidades autónomoas y también con regiones fronterizas de Francia en materias como la seguridad ciudadana y la protección civil". En este sentido, ha puesto como ejemplo algunas experiencias positivas de coordinación como la gestión del operativo puesto en marcha en la frontera con Francia durante la Cumbre del G7, el pasado mes de agosto, o el proyecto ALERT (acrónimo de Anticipar y Luchar en un Espacio común contra los Riesgos Transfronterizos), en el que Navarra participa junto al Gobierno de Aragón, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Departamento francés de Pirineos Atlánticos.

Por su parte, la vicepresidenta Carmen Calvo ha reiterado la voluntad del Gobierno central de "avanzar decididamente para incorporar a las autonomías en el diseño y planificación de la Política de Seguridad Nacional" especialmente de manera "preventiva y proactiva". "Estamos abocados", ha señalado, "a cooperar juntos para estar mejor preparados y también más entrenados frente al embate de las crisis. Nuestros retos son globales, nuestras respuestas han de adquirir igualmente una fuerza integral y cohesiva".

La Conferencia Sectorial para Asuntos de Seguridad Nacional se puso en marcha el 18 de diciembre de 2018, con la constitución formal de este organismo, que estableció un foro de diálogo y entendimiento en cuestiones que afectan a la protección de los derechos, libertades y bienestar de la ciudadanía, la defensa de España y sus compromisos internacionales.