Una jueza de Quintanar de la Orden (Toledo) ha otorgado la tutela de los hijos menores de una mujer de origen rumano asesinada por su marido el pasado enero en su domicilio de La Puebla de Almoradiel a la hermana del asesino, residente en Tarancón (Cuenca), por lo que dejarán de estar bajo la guarda provisional de dos familias de su municipio, que habían peleado hasta el último momento para evitar que los chicos se marcharan del pueblo.

La decisión de la magistrada ha sido finalmente que los dos menores queden "de forma provisional" bajo la tutela de la tía carnal hasta que acabe el proceso penal y que no puedan salir del país. "Los dos menores han sido escuchados por el Ministerio Fiscal y por la jueza, así como Bienestar Social, que ha hecho un seguimiento de la tía y ha realizado un informe de idoneidad sobre la misma", aseguran fuentes del TSJ de Castilla-La Mancha. 

Coincidiendo con la vista, un grupo de vecinos de La Puebla se manifestó a las puertas de los juzgados para pedir a la juez "que tenga en cuenta la opinión de los menores", una niña de 13 años y un niño de 11, según explicaba a 20minutos, María José Sepúlveda, hermana de una de las vecinas que hasta ahora había detentado la guarda provisional de la hija de Liliana. 

La decisión de la magistrada ha sido que los dos menores queden "de forma provisional" bajo la tutela de la tía carnal hasta que acabe el proceso penal 

Daniel mató a Liliana de al menos tres cuchilladas el 22 de enero en el domicilio familiar y en presencia de sus hijos, que salieron a pedir auxilio a una vecina. El presunto asesino también confesó al 112 haber apuñalado a su mujer. Fue detenido e ingresó inmediatamente en prisión.

Pocas horas después, la juez de guardia de Quintanar le suspendía el ejercicio de la patria potestad sobre los menores y dictaba la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.

Por decisión judicial de la misma magistrada también, los menores quedaron en guardia provisional de dos familias de La Puebla de Almoradiel, lugar en el que residía la familia desde 2006, pese a que son de origen rumano. 

Fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha explican que entonces se primó "que los menores no salieran del municipio y no sufrieran más. Se trataba de evitar que cambiaran de colegio o de amigos y que tuvieran que dejar un entorno que les resultaba más o menos familiar". La hija de 13 años se quedó con la vecina a la que acudieron a pedir auxilio, el hijo con una amiga de su madre.

Acto seguido, los servicios sociales de la Junta de Castilla La Mancha iniciaron los informes sobre todas las opciones de tutela de los menores para valorar su idoneidad. "Las posibilidades que había eran que se quedaran con familias del municipio, que se fueran con una tía paterna que reside en Cuenca, quedar tuteladas por la Junta en centros de protección".

María José Sepúlveda, una de las vecinas movilizadas para tratar de evitar que los niños se fueran con su tía paterna, a la que no conocen, explicaba horas antes de hacerse público el auto de la jueza que lo que querían era que “escuchase lo que los niños tenían que decir y si había algo que no les gustase, buscasen otra solución". 

Escuchar más a los menores

"No hay impedimento legal para que los menores vayan a vivir con la familia paterna", explica Marisa Soleto, de Fudación Mujeres, organización que gestiona las becas para huérfanos de la violencia machista Soledad Cazorla. "Suponemos que se valora la idoneidad y en estos casos se vigila con particular celo que se cumplan las medidas de alejamiento del padre para garantizar la protección de los menores", explica. Sobre la decisión de la jueza, realmente a Soleto lo que le preocupa e que no siempre se presta la suficiente atención a la opinión de los menores. "Se les escucha, pero no se les hace ni caso".

"Pedimos que los menores hijos de violencia de género estén siempre bien representados, sean escuchados y su opinión tenida en cuenta, algo que debería de ser una prioridad a regular en la ley de la infancia que está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados", reclama Marisa Soleto.