El Juzgado de lo Penal número 1 de Vitoria ha celebrado este miércoles la última sesión del juicio por la presunta estafa arqueológica de 'Iruña-Veleia', un yacimiento arqueológico en el que entre 2005 y 2006 fueron desenterradas numerosas piezas de entre los siglos III y VI, que presentaban inscripciones supuestamente excepcionales sobre el origen del euskera o el cristianismo.

La Fiscalía, en su informe final, ha recordado que todos los testigos que han comparecido durante el juicio han declarado que no encontraron "ningún" grafito excepcional en las piezas desenterradas, lo que avalaría la tesis de que dichas inscripciones eran realizadas posteriormente, durante el proceso de lavado de las piezas, para presentarlas como hallazgos supuestamente revolucionarios.

En este sentido, ha recordado que desde el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE) se ha acreditado que, sobre una muestra representativa de 39 piezas analizadas, 35 presentan "burdas" manipulaciones. Respecto a la autoría de las inscripciones supuestamente fraudulentas, ha recordado que, si bien los peritos no han podido concluir "al cien por cien" que el autor de las mismas sea Gil, sí han apreciado "similitudes razonables" entre los grafitos de las piezas y otras inscripciones efectuadas por el director de la excavación sobre otros soportes.

"ACTUACIÓN CRIMINAL"

El objetivo de Gil, a juicio de la Fiscalía, era lograr "publicidad" y obtener "réditos profesionales". En este sentido, ha afirmado que con el fin de "coronar su actuación criminal", Gil contactó con Ruben Cerdán -también acusado en esta causa- para que realizara un informe pericial "que en circunstancias normales nadie se lo iba a realizar".

El Ministerio Público ha subrayado que Cerdán "no tiene" el título de físico nuclear, pese a que mantenga lo contrario, y que los informes que efectuó sobre los hallazgos de Iruña-Veleia son "pura literatura", sin "acreditación" alguna. "Eliseo Gil se aprovechó de esta persona (Cerdán) para dar relevancia a unos hallazgos que no se correspondían con la realidad", ha manifestado.

Por su parte, la acusación particular de la Diputación de Álava ha afirmado que "nadie podía esperar que se cometiese tal barbaridad en un yacimiento por quien tenía encomendada su explotación, y con una remuneración importantísima de 3,7 millones de euros".

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