Acció Raval ha fijado un mensaje en su cuenta de Twitter: "Ante el aumento de narcopisos en el Raval, ponemos a disposición el punto de información para dar asesoramiento sobre la denuncia de esta situación". Lo abrireron los días 1 y 15 de febrero de las once y media de la mañana a la una y media del mediodía en el número 15 de la calle Vistalegre y lo volverán a abrir el próximo sábado 22. "Ahora son tres veces al mes mientras que antes la frecuencia era más baja", cuenta Àngel Cordero, miembro de la asociación de vecinos, y lo atribuye a que desde septiembre los narcopisos han vuelto a multiplicarse en este barrio de Ciutat Vella. Si antes la acción policial había logrado que quedaran "entre cinco y nueve", ahora hay "una treintena", asegura, a pesar de que anualmente Mossos d'Esquadra y Guàrdia Urbana desmantelan conjuntamente 81 narcopisos y puntos de venta de droga en el distrito, el que más los concentra en la ciudad.

Según datos que han facilitado fuentes municipales a 20minutos.es, desde enero de 2017, cuando se intensificó la lucha para hacerlos desaparecer, y hasta diciembre de 2019 las operaciones policiales en Ciutat Vella se saldaron con 244 cerrados y 313 detenciones y en lo que va de 2020, los cierres han sido 19 y los arrestos, 25.

Los vecinos, sin embargo, no atribuyen el incremento de los narcopisos a que las actuaciones de Mossos y Urbana no sean suficientes –la última acabó el lunes con cuatro pisos desmantelados y cinco detenidos en la calle Príncep de Viana–, sino, sobre todo, a que hay "mucha vivienda vacía" y eso favorece que se ocupe para vender droga. "La policía antes no hacía nada, pero ahora está haciendo su trabajo", afirma Cordero, que también dice que ahora los narcotraficantes tienen una "táctica nueva: cuentan con diversos narcopisos y cuando hay presión policial en uno lo desactivan y activan otro".

Datos del Ayuntamiento señalan que en Barcelona existen 10.052 pisos vacíos, solo el 1,24% de los que hay en la ciudad (811.106), pero los vecinos consideran esta cantidad excesiva. "Podemos hacer todas las operaciones policiales que queramos, pero si hay vivienda en desuso las mafias lo tienen muy fácil", apunta Cordero, que reclama a las administraciones políticas para que esta se destine a "familias que no pueden pagar el alquiler", lo que a su vez serviría para reducir los narcopisos. También pide más atención de los servicios sociales "a las personas consumidoras".

Y es que los vecinos están hartos de los problemas que acarrean los narcopisos, sobre todo, "degradación de escaleras, peleas y sensación de inseguridad porque mueven a gente que puede ser peligrosa".

En la calle Príncep de Viana, apunta Cordero, los pisos conflictivos, en los números 9 y 14, desaparecieron con la operación policial del lunes. No obstante, los residentes en la zona aseguran que llevaban "años" actuando como narcopisos. La finca se iba a destinar a apartamentos turísticos, pero las cuentas no salieron y acabó en manos de una entidad financiera y pronto quedó ocupada. Un vecino, que prefiere no revelar su nombre por miedo, cuenta que frente al edificio andaba mucha gente pidiendo dinero "para un café o para una horchata" que acto seguido entraba al inmueble. Otro asegura que atracaron tres veces a punta de cuchillo un bar de la zona y que los atracadores, siempre iban "puestecitos", mientras que un tercero explica que a su madre de 81 años le da "pánico" salir sola a la calle.

Donde sigue habiendo narcopisos a pesar de la redada del pasado 8 de febrero, que acabó con 12 detenciones, es en el número 55 de la calle Robador. Desde la asociación de vecinos Illa Robador piden "encarecidamente que se acabe con todo el narcotráfico de la finca" y aseguran que su dueña, Rosita, de 88 años, "se encuentra desesperada con la situación".

Los vecinos asesoran a los afectados

En los bajos del número 15 de la calle Vistalegre, explican desde Acció Raval, asesoran a las personas afectadas por los narcopisos acerca de "los pasos a seguir". "Primero les recomendamos que se unan varios vecinos y luego les decimos que averigüen la propiedad de la finca y le manden un burofax para que haga una denuncia a la policía y al Ayuntamiento", cuentan.