La mayoría que suman en el Congreso el PSOE, Unidas Podemos y los diputados nacionalistas, independentistas y regionalistas rechazó este martes la propuesta del PP para incluir en el reglamento de la Cámara una fórmula expresa que obligue a los parlamentarios a acatar la Constitución con un escueto "sí, juro" o "sí, prometo".
Los conservadores presentaron esta iniciativa a raíz de los polémicos juramentos de la Ley Fundamental efectuados por algunos partidos independentistas y nacionalistas periféricos en la sesión de constitución de las Cortes. El PP quería eliminar legalmente la posibilidad de realizar alusiones a los "presos políticos", los "exiliados", las repúblicas vasca y catalana o el "imperativo legal", como las que utilizaron en sus promesas los diputados de ERC, PNV, EH Bildu o JxCat al adquirir la condición de parlamentarios.
La reforma rechazada por el Congreso establecía la obligatoriedad de acatar la ley con un escueto "sí, juro" o "sí, prometo", "sin que pueda preceder ni proseguir ninguna otra expresión a dicha afirmación que vacíe, limite o condicione su sentido propio". "No se puede faltar el respeto a los españoles, a España, a sus normas, a la Constitución y a las instituciones democráticas" variando la fórmula de acatamiento, denunció el diputado del PP Carlos Rojas.
Junto al PP solo votaron, además de sus socios de Foro, Vox y Ciudadanos. La formación ultraderechista se mostró favorable a la iniciativa, pero instó al PP a ir "más allá" -de hecho, ellos han llevado las fórmulas de acatamiento de los independentistas al Tribunal Constitucional- y defender, como ya hace Vox, la prohibición de los partidos independentistas.
"El único modo de restablecer el orden constitucional en todo el territorio nacional y garantizar la igualdad, libertad y unidad", aseguró el diputado de Vox Ignacio Garriga, "pasa irremediablemente por la ilegalización de los partidos separatistas". A su juicio, la "expresión del pluralismo" político no puede "bajo ningún concepto" ser "un peligro para la convivencia entre españoles".
Ciudadanos, por su parte, cargó contra los diputados "faltones" que, a su juicio, acatan únicamente para "cargarse el Estado de derecho", y acusó al PSOE de "traicionar a la socialdemocracia" por "tragarse" las fórmulas de acatamiento de nacionalistas e independentistas.
No obstante, los socialistas se defendieron acusando al PP de querer "imponernos a todos su visión de las cosas". El exlehendakari Patxi López, encargado de defender la posición del PSOE, recordó que cuando la presidenta del Congreso era Ana Pastor (PP) los diputados nacionalistas e independentistas ya utilizaban fórmulas de acatamiento "por la república catalana o los presos políticos y no pasaba nada". "Pero ahora todo es un escándalo y hay que echar a la mitad de los diputados porque son unos absolutos infieles", ironizó López.
El parlamentario socialista insistió en que el PP, "saltándose lo que dice el Tribunal Constitucional, quiere imponernos su restrictiva visión de la Constitución" y "expulsar de ella a todos" los que no piensan como los conservadores. Y, en la misma línea, Rafael Mayoral (Unidas Podemos) aseguró que la reforma que plantea el PP solo busca que la discusión gire en torno a "cuántos diputados sobran" en el Congreso.
La derogación de los plazos de instrucción
La única modificación legal que el Congreso decidió ayer comenzar a tramitar fue la derogación del plazo máximo de instrucción en los procesos penales. La iniciativa de Unidas Podemos (que contó con el voto favorable de formaciones tan dispares como PSOE, Vox, ERC, Ciudadanos, PNV, JxCat, Más País y BNG) quiere derribar la reforma que aprobó en 2014 el PP, que estableció un plazo general de seis meses para instruir los casos y uno especial de 18 meses –con posibilidad de prórroga– para las investigaciones complejas.
El portavoz de En Comú Podem, Jaume Asens, fue el encargado de defender una propuesta que, según señaló, pretende acabar con un sistema que ha servido para impedir que se juzguen algunos casos de corrupción. "La media de duración de los procesos se ha mantenido", pero "la impunidad se ha incrementado", denunció Asens, que criticó que el expresidente de la Región de Murcia Pedro Antonio Sánchez fue absuelto en el caso Pasarelas porque la reapertura del proceso acaeció días después de transcurrir los seis meses de instrucción previstos en la ley.
Macarena Olona (Vox) aseguró por su parte que la reforma "no tenía otro propósito que favorecer la impunidad de los corruptos" y Edmundo Bal (Ciudadanos) tachó de "aberrante" el artículo y aseguró que la reforma de 2014 "ignoraba la deficiencia de medios de los juzgados en España". El propio PP se abstuvo ante la iniciativa de Unidas Podemos, si bien insistió en que su grupo nunca persiguió favorecer la corrupción.
El Congreso rechaza pedir el cese de Ábalos
La reforma del reglamento no fue la única iniciativa del PP que la Cámara Baja rechazó este martes. Tampoco salió adelante la moción de los conservadores sobre el encuentro mantenido por el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez el pasado enero en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
En el texto, el PP exigía -como ya hizo la semana pasada- el cese de Ábalos por la cita en sí y por sus "reiteradas contradicciones y mentiras" a la hora de explicarlo, y también que el Congreso ratificara "de manera pública y expresa" el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente venezolano. Pero la izquierda tumbó la moción argumentando que al PP "no le interesa Venezuela" sino tan solo "desgastar al Gobierno", tal y como señaló el PSOE.
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