El Consejo de Ministros aprobaba en enero de 2019 un proyecto de ley que gravaba algunas operaciones realizadas por grandes multinacionales tecnológicas, el cual se bautizó entonces con el mediático nombre de ‘Tasa Google’.
El adelanto de las elecciones generales paralizó la aprobación definitiva de la misma, pero ahora el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha retomado el asunto y el impuesto se aprueba de nuevo este martes.
El Ejecutivo espera recaudar cerca de 1.200 millones de euros anuales gracias a esta Tasa Google, cuyo nombre oficial es ‘Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales’ -IDSD- y cuya filosofía es una fiscalidad más justa en la que los gigantes tecnológicos paguen allí donde realmente generan su negocio. Lo recaudado se destinará posteriormente a gasto público.
¿A quién afecta la Tasa Google?
Gravará a las empresas cuyos ingresos anuales totales sean de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a 3 millones de euros.
De forma detallada, se aplicará una tasa del 3% a los servicios de publicidad online, servicios de intermediación online y a la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el propio usuario durante su actividad.
Actualmente, las grandes multinacionales de Internet apenas tributan por su actividad en España. Para hacerse una idea, en 2017 el imperio GAFA -Google, Amazon, Facebook y Apple- solo pagaron 24 millones de euros a Hacienda. Estos gigantes, así como otras compañías también importantes como Movistar, Vodafone, Uber, Booking o Airbnb, se verán afectados por el nuevo impuesto.
En caso de que las empresas no realicen la tributación adecuada, Hacienda les multará con sanciones de hasta el 0,5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior para las empresas que traten de ocultar la ubicación del usuario de esos servicios mediante el falseamiento u ocultación de la dirección de Protocolo de Internet -IP- u otras pruebas.
Servicios digitales exentos de pagar este impuesto:
- Las ventas de bienes o servicios contratados online a través del sitio web del proveedor de esos bienes o servicios, en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario. Es decir: una tienda online que vende productos propios al cliente final.
- Las entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes que tengan lugar entre los usuarios, en el marco de un servicio de intermediación online. Es decir: los propios contratos o negocios que realizan usuarios entre sí, aunque se hagan dentro de la plataforma de un tercero, como por ejemplo una transacción en Wallapop.
- Prestaciones de servicios de intermediación online, cuando la única o principal finalidad de dichos servicios prestados por la entidad que lleve a cabo la puesta a disposición de una interfaz digital sea suministrar contenidos digitales a los usuarios o prestarles servicios de comunicación o servicios de pago. Deja fuer a la intermediación que exclusivamente consiste en suministrar contenidos, servicios de comunicación o pago.
- Las prestaciones de servicios financieros regulados por entidades financieras reguladas.
- Las prestaciones de servicios de transmisión de datos, cuando se realicen por entidades financieras reguladas. Como las plataformas de crowdfunding.
- Las prestaciones de servicios digitales cuando sean realizadas entre entidades que formen parte de un grupo con una participación, directa o indirecta, del 100%. Es decir: servicios o actividades dentro de un grupo de empresas, por parte de las empresas que lo forman.
¿Repercutirá en el ciudadano?
Un estudio de la consultora PwC presentado el pasado año que analiza las repercusiones de este impuesto asegura que sí, que la norma afectará de forma indirecta a pymes y consumidores de nuestro país.
Según dicho informe, las grandes plataformas de comercio digital acabarán repercutiendo el coste del impuesto al cliente ya que verán mermados sus beneficios entre 450 y 562 millones de euros y, por ende, los clientes pagarán entre 515 y 665 millones más por la compra de los bienes y servicios gravados por la Tasa Google, es decir, 30 euros por cada consumidor digital.
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