Murcia dice que mantiene el 'pin parental' pese al ultimátum del Gobierno

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá
EP

El consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, ha reiterado este lunes que el Gobierno murciano no retirará el permiso parental a menos que así lo exija una instancia judicial y ha dicho que tienen la “tranquilidad” de contar con avales jurídicos y de inspección para esa medida

En declaraciones a los medios de comunicación, Celdrán ha insistido en que la “autorización familiar para actividades complementarias” cuenta “con el aval suficiente” de los informes de los servicios jurídicos y de inspección de la Consejería de Educación, por lo que el Gobierno murciano tiene “la tranquilidad” de que “las cosas se han hecho bien” y con ese respaldo. 

Este lunes se ha cumplido el plazo que el Ministerio de Educación dio a la comunidad autónoma para retirar la medida, por lo que, previsiblemente, este martes se interpondrá un recurso contencioso-administrativo para bloquearla. 

Celdrán ha reconocido que el Ejecutivo regional cuenta con la posibilidad de que el juez decrete la suspensión cautelar del veto hasta que se resuelva el asunto judicialmente y, si es así, lo acatarán, pero ha insistido en la idea de que el proceso es una “cortina de humo” para evitar resolver el problema catalán. 

En su opinión, el asunto se debería haber abordado desde el diálogo, pero el presidente Pedro Sánchez no ha atendido las llamadas de Fernando López Miras ni de los consejeros murcianos, al contrario de lo que hace con los políticos independentistas. 

En cualquier caso, para Celdrán hay “un claro componente de vendeta política” tanto en esta decisión de llevar al plano judicial la medida como otras tomadas por el Ejecutivo central, desde la retención de entregas a cuenta para el pago a proveedores hasta los trasvases cero para el regadío. 

En cuanto a la carta que 35 asociaciones han enviado al presidente autonómico y a la consejera para pedir la retirada del permiso parental, ha apuntado que están dispuestos a recibirles, pero la autorización “es un tema de convicción”, puesto que para el Ejecutivo “la libertad de los padres tiene que primar sobre todo”, siempre de manera compatible con la ley. 

El permiso, ha recordado, se ha estado aplicando en la región desde que comenzó el curso “sin ningún problema” y solo se generó “ruido” al respecto en el marco de la negociación de presupuestos, por lo que se trata de una “utilización partidista y política” de una decisión tomada por la comunidad autónoma que no debería ser noticia en España. 

La ministra Celaá avisa al Gobierno murciano

La ministra de Educación,Isabel Celaá, ha explicado que el Ejecutivo murciano tiene 24 horas para "reponer la legalidad" y retirar el 'pin parental' o el Gobierno pedirá este martes al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad que lo suspenda.

En un entrevista en La Sexta, Celaá ha calificado de "inaceptable" la respuesta del Gobierno murciano que ha anunciado que no va retirar esa instrucción que ha dado a los centros educativos para que soliciten a los padres ese permiso para que los niños asistan a actividades escolares. 

"Esa comunidad aún tiene esas 24 horas para poder reponer la legalidad, si no mañana mismo (por este martes) recurrimos" ante la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Murcia esa decisión, que "vulnera los derechos de los niños a ser educados" en libertad, ha dicho la ministra de Educación.

Celaá ha insistido en que no se pide permiso a los padres para "actividades voluntarias, sino actividades complemetarias que son materia curricular obligatoria y evaluable". Para la responsable de Educación, una decisión así "no se ha visto nunca" porque en 25 años de gobierno de Murcia no se ha declarado "un solo adoctrinamiento". 

"¿Por qué inventarse un problema que menoscaba la competencia del centro escolar, de la comunidad educativa y además va contra la libertad de cátedra de los docentes?", ha preguntado Celaá. "Sería tanto como retirar internet o los móviles; es algo que es verdaderamente incorporar una pretensión política fundamentalista en un sistema educativo que jamás ha tenido ningún problema", ha aseverado. 

Por ello, si el Gobierno murciano no ha modificado esa norma antes del plazo que le dio Educación en su requerimiento para retirarlo "Educación irá a la Justicia y pedirá una suspensión cautelar" de esa medida, ha concluido Celaá

"No se está litigando con Murcia"

"No se está litigando con Murcia, el Ministerio tiene la obligación de garantizar el derecho de los menores a la educación", añaden fuentes del Ministerio, en la misma línea del discurso defendido por Celaá desde que anunció, el pasado 16 de enero, que llevaría a los tribunales cualquier iniciativa "dirigida a socavar el derecho a la educación y censurar la actuación de los centros docentes y su profesorado".

"No lo vamos a tolerar", dijo entonces Celaá, que al día siguiente, el 17 de enero, remitió a la Consejería de Educación de Murcia el requerimiento para que procediera a retirar, en el plazo de un mes, de las instrucciones enviadas a sus centros educativos a principio de curso el pin parental.

En concreto, aquellas instrucciones establecían que se diera "conocimiento a las familias" de "las actividades complementarias de las programaciones docentes que forman parte de la propuesta curricular" y son impartidas por personal ajeno al centro educativo, "con objeto de que puedan manifestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en dichas actividades".

A cambio de apoyar los presupuestos

El pin parental es una iniciativa difundida por la organización Hazte Oír para permitir que las familias impidan la asistencia de sus hijos a talleres sobre diversidad afectivo-sexual, y el partido Vox la ha exigido en Murcia, Andalucía y la Comunidad de Madrid para apoyar los presupuestos en estas comunidades gobernadas sin mayoría suficiente por PP y Ciudadanos.

Sin embargo, los gobiernos andaluz y madrileño ya han mostrado su rechazo a implantar esta medida, mientras Murcia quiere consagrar el pin parental en su decreto de currículo de Educación Primaria y Secundaria.

La intención del Gobierno de la Región de Murcia es que la autorización parental sea obligatoria solo en los casos de actividades complementarias impartidas por personal ajeno al centro educativo que no sea funcionario, lo que eximiría a policías, médicos u otros profesionales de la administración.

Este pasado viernes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que solo retirará el pin parental si así lo determinan las instancias judiciales. "No lo vamos a hacer porque lo dice un Gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", defendió Miras.

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