En un comunicado, el secretario general de UGT Bombers, Antonio del Río, ha considerado que el accidente "pone de manifiesto la incompetencia de la administración en su función preventiva, inspectora, punitiva y coercitiva, y, en definitiva, en la defensa de los intereses y seguridad de la población ante los intereses empresariales", y también ha citado como ejemplo el accidente de diciembre en una empresa de Montornès del Vallès (Barcelona).

Ha señalado que el 14 de enero "falló" la alerta precoz del accidente porque, según el plan de emergencias Plaseqcat, las sirenas tienen que sonar en caso de accidente químico, definido como un vertido, escape, incendio o explosión, según él.

"El 14 de enero se dieron los cuatro supuestos y las sirenas no sonaron", ha apuntado, y ha defendido que hay que revisar los protocolos y planes de actuación, y aplicarlos correctamente.

También ha apostado por rediseñar el Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (Cecat) con más implicación de técnicos y expertos, y menos políticos, y ha criticado que "la imagen que se dio de cuatro políticos pidiendo su cuota para salir ante los medios para dar informaciones interesadas, contradictorias y poco cualificadas no aportó nada a la resolución del siniestro".

Ha asegurado, además, que el sector petroquímico de Tarragona necesita, al menos, dos parques de Bombers de la Generalitat de referencia -en esa ciudad y en Reus (Tarragona)- con recursos y personal suficiente, y ha pedido formación y que los bomberos vinculados al riesgo químico sean "agentes de la autoridad para evitar servilismos y opacidad".