En la propuesta, similar a la ya promovida en 2017 por Podemos Andalucía en la Cámara andaluza, Adelante pide la implicación del Gobierno andaluz "poniendo los medios necesarios" para "la consecución de los fines sociales que impulsa el convenio de colaboración". También se pide de nuevo "abrir un investigación interna para depurar posibles responsabilidades políticas en la gestión urbanística y tutela competencia de la Junta de Andalucía".

El diputado de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla, Nacho Molina, advierte al respecto de que "la situación de los afectados es grave y preocupante, están pasando un calvario. Muchas familias no pueden más y hay que cambiar esta situación".

Por eso, ha pedido "que todas las fuerzas políticas arrimen el hombro para sacar al sector F de Almensilla de esta situación", toda vez que un grupo de los parcelistas protagonizaba recientemente una acampada frente al Ayuntamiento de Almensilla, gobernado por la socialista Agripina Cabello, en demanda de la anulación de la última derrama aprobada por la junta de compensación constituida para urbanizar la zona, el cese del representante municipal de dicha entidad y la dimisión de la junta de delegados de la misma.

Tras ello, y según un acuerdo recogido por Europa Press, el pleno de Almensilla aprobaba por unanimidad "sustituir" a su representante en la junta de compensación del Sector F, nombrando para tal labor a la concejal del PSOE y segunda teniente de alcalde, Raquel Gil.

La junta de delegados, de su lado, defiende que está "cumpliendo con todos" sus deberes "dentro de los estatutos" y que todos sus integrantes son "vecinos del sector que tienen los mismos derechos y obligaciones" que los demás y cumplen "todas sus obligaciones como propietarios y los acuerdos adoptados en las asambleas", si bien que los parcelistas protagonistas de la citada acampada avisan de que los impagos les impiden votar en las asambleas de la junta de compensación, "dirigida por una minoría".

EL SECTOR F DE ALMENSILLA

Tras ser constituida una junta de compensación del Sector F para hacer frente a la necesaria urbanización de la zona y la instalación de dotaciones para suministros básicos de agua o electricidad, en 2004 fue concertado un préstamo con el banco Santander para sufragar tales obras, con cargo a las correspondientes aportaciones de los propietarios, pero allá por 2015 estallaba el caso del presunto desfalco mediante el cual habrían sido desviados unos 3,7 millones de euros del dinero aprovisionado por la junta de compensación.

El principal encausado por tal extremo es el extesorero de la junta de compensación, Julio Mateos, quien confesó en un correo electrónico que se había apropiado de dinero de la cuenta de la entidad, huyendo después a la República Dominicana hasta ser finalmente detenido y encarcelado en agosto de 2016. Desde el pasado mes de mayo de 2019, Julio Mateos goza de libertad provisional al acceder a la misma el Juzgado número uno de Coria del Río, que en paralelo ordenaba continuar las actuaciones en su contra por el trámite del procedimiento abreviado.

Además, otro de los frentes del conflicto atañe a las obras de urbanización contratadas en 2011 a la constructora Istem S.L. y paralizadas en 2012 cuando aún estaban muy lejos de su conclusión.

Porque sobre la junta de compensación del Sector F de Almensilla pesa una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 18 que le condena a abonar más de 1,75 millones de euros a Istem S.L., por las obras ejecutadas y no pagadas, los costes indirectos, los daños por gastos generales, el lucro cesante y las retenciones, si bien una sentencia posterior de la Audiencia restó 543.580 euros a la cuantía a satisfacer a la mencionada empresa constructora pero mantenía la condena a indemnizar a Istem S.L.

NUEVA SENTENCIA

Recientemente, y a través de una sentencia recogida por Europa Press, el Tribunal Supremo no admitía un recurso de casación promovido por la junta de compensación del Sector F frente a la citada sentencia de la Audiencia, declarando la misma como firme.

En cualquier caso, mientras tiempo atrás la directiva de la junta de compensación anunciaba un acuerdo con el banco Santander para reestructurar el préstamo de 2004, con una quita de unos tres millones y "la retirada de las cláusulas hipotecarias y solidarias", sobre los parcelistas seguirían pesando los pagos y derramas derivados de los costes del proyecto de urbanización de la zona y de instalación de dotaciones para los suministros básicos.

Esta situación, arrastrada durante años, ha coincidido además con el contexto de crisis económica, admitiendo en su momento el presidente de la junta de compensación, Francisco Carvajal, que la situación de este entorno de parcelas había derivado en todo un "conflicto económico y social".