El pasado lunes, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, deslizó su oposición contra varios artículos de la ley contra la LGTBifobia que impulsó Cristina Cifuentes en su etapa en la Puerta del Sol y que contó con el voto favorable de todos los grupos hace menos de cuatro años. Sin embargo, dio por hecho que no iba a poder tocarla porque "Ciudadanos no lo querría nunca", algo que han confirmado este martes.

"No daremos un paso atrás", ha explicado César Zafra, portavoz de los naranjas en la Cámara regional. Preguntado sobre las declaraciones de quien preside el Gobierno en el que su partido cuenta con la mitad de consejerías, que llegó a asegurar que "la progresía tirana" había ganado la batalla, Zafra ha recordado que la propia Ayuso votó a favor del texto cuando era diputada -dejó el acta en septiembre de 2017 para ser viceconsejera de Justicia- y ha lanzado un mensaje velado a Vox. "Si algunos prefieren ofender más que trabajar es su problema", ha sentenciado.

Con todo, Monasterio ha optado por recoger el guante de Ayuso y no el de Zafra. En su opinión, las declaraciones dadas por la presidenta son un "primer paso" para la implantación de su ya manida petición, el pin parental. En Esradio, Ayuso definió como "letal" la imposición de charlas por parte de colectivos LGTBi en colegios y aseguró que, bajo su mandato, ningún niño va a recibir charlas sin autorización de los padres. 

"Ya se han dado casos de colegios que no han permitido a las asociaciones entrar a dar estas charlas y que tuvieron toda la campaña de la izquierda mediática en contra. La Comunidad se puso de parte de estos colegios y no entraron las asociaciones. Eso es real. Por eso no hay quejas", dijo.

Estas palabras son "un avance" para la portavoz de Vox, que ha emplazado a la presidenta a "ser valiente" para llevar a cabo su petición y poder sacar así los Presupuestos de este año, para los que son imprescindibles los votos de los 12 diputados de Vox. En este sentido, Alfonso Serrano, portavoz del PP, ha querido remarcar que están de acuerdo "en el espíritu" de la norma y que sus discrepancias son "técnicas", para volver a recalcar que no hay "adoctrinamiento" en Madrid.