La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto de los delitos contra la salud pública y asociación ilícita a los tres fundadores de una asociación cannábica en el barrio madrileño de Lavapiés acusados de tráfico de drogas por la Fiscalía, que pedía para cada uno cinco años y ocho meses de cárcel. 

Así lo ha dictado en una sentencia en la que rechaza que Elan S.F., Marta L.M. y Jonás J.M. utilizaran el club The High Class para cultivar o comerciar con sustancias estupefacientes, y en la que estima que el consumo era entre los socios y coincidía con las cantidades de las compras en grupo. 

De las pruebas practicadas, según aprecia la Sección Segunda de la Audiencia, no consta que los acusados acordaran la adquisición de droga sin contar con el resto de los socios, que anotaban sus pedidos en un listado, y descarta que entregaran droga a personas ajenas al club. 

Si sobraba, lo dejaban en una "bolsa con su nombre"

"Aunque no siempre fuera inmediato el consumo y sobrase, lo dejaban en bote o cajita, o bolsa con su nombre", destaca la resolución, y la dosis no era "excesiva" en comparación con la porción mínima de cada uno de los socios que participaban en las compras. 

La sentencia considera acreditado que agentes de la unidad de estupefacientes de la Comisaría del distrito de Centro de Madrid realizaron entre abril y mayo de 2017 labores de vigilancia en los alrededores del local de la asociación, cuando se incautó marihuana o hachís a diez personas.  

Se olvidaron las llaves en la puerta de una nave con 620 plantas de marihuana y acabaron detenidos

El 27 de julio, la Policía Nacional intervino en el registro al local 724 gramos de marihuana, 226 de resina, caramelos, frascos de aceite y espray con THC, el principal componente psicoactivo de la planta. 

Sin la presencia de ninguno de los acusados, los agentes encontraron 935 euros en efectivo, además de carpetas con ficheros individuales de los casi 600 asociados con la cantidad de sustancia depositada y las peticiones para compras en grupo. 

La resolución indica que la entrada en el club se ajustó a la legalidad tras el visto bueno del juez de instrucción, que estimó los indicios de la Policía: la droga incautada a personas que salían del edificio y la sospecha de que en el interior se podía vender droga. 

En el juicio, celebrado en octubre, Marta L.M. situó entre los objetivos de la asociación sin ánimo de lucro, creada en 2004, "luchar por la legalización de su consumo" en compañía de socios con esas inquietudes. 

Un espacio para consumir sin ser multados

"Nos llamaba la atención tener un espacio en el que consumir sin ser multados, sin que te miraran mal por la calle", declaró, antes de añadir que cumplían con los requisitos para la puesta en marcha de la actividad, que arrancó con un patrimonio de 300 euros para gastos de constitución y sin un local propio hasta enero de 2015. 

A preguntas de la fiscal, con la que mantuvo una disputa casi a gritos, la acusada dijo que conocían la normativa del consumo compartido, que prohíbe sacar estupefacientes a la calle y negó que cultivaran marihuana, algo "absolutamente ilícito". 

"Una cosa es ser consumidor y otra un irresponsable", zanjó Marta L.M., secretaria de la asociación, junto a Elan S.F., presidente y Jonás J.M., tesorero, que se negaron a declarar. 

La Fiscalía consideraba que se beneficiaron con el comercio ilegal de cannabis bajo el paraguas de una entidad sin ánimo de lucro de la que eran fundadores, por lo que, además de la pena de prisión, reclamó 6.000 euros de multa.