Luzardo ha explicado, en rueda de prensa, que el PP "siempre ha defendido" que el concurso del saneamiento del agua de la ciudad "no" se podía adjudicar "a dedo a la empresa Ser Canarias -socios privados de Emalsa-", solicitando que se sacara a concurso.

Los ediles del PP se remontan a los gobiernos socialistas en Las Palmas de Gran Canaria, entre 2008 y 2011, y desde 2015 hasta estos momentos, para criticar el "escaso control" municipal que se ha realizado en estos periodos de Emalsa a pesar de que el alcalde correspondiente forma parte de los consejos de administración de la empresa mixta de aguas de la ciudad y tiene la posibilidad de ejercer un 'control'.

Ahora, señalan, tras la denuncia que el alcalde del PP Juan José Cardona realizó durante la legislatura de 2011 a 2015, periodo en el que encargó una auditoria externa para conocer la contabilidad de Emalsa o intervino la concesión administrativa de la misma, entre otras cuestiones, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha elevado un escrito de acusación a los juzgados contra 13 investigados como presuntos autores y dos como presuntos cooperadores necesarios en el caso Emalsa, por supuestos delitos de apropiación indebida, o en su caso y de forma alternativa, administración desleal.

Así la Fiscalía interesa para la empresa mixta de aguas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria (Emalsa) una condena de seis años en el caso del delito de la apropiación indebida o cuatro si fuese administración desleal, y el pago de 71 millones de euros, divididos en 46 millones de euros en concepto de multas, 23 millones de responsabilidad civil por daños y perjuicios para la compañía Emalsa y, por último, otros 2 millones de euros que tendrían que abonar los dos acusados como cooperadores necesarios.

Emalsa está compuesta por accionistas, cuyo 66 por ciento es privado y el 34 por ciento es público -lo gestiona el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria-, siendo el presidente del consejo de administración el alcalde de la capital grancanaria, Augusto Hidalgo.

Por ello, tanto Luzardo como Sabroso consideran lo ocurrido como un "escándalo" y "gravísimo" porque la Fiscalía se centra en el análisis "de 16 contratos de Emalsa con Ser Canarias, el contrato de alquiler de las oficinas de Emalsa y un contrato entre los dos socios privados por el reparto de gestión y de cantidades económicas" entre los mismos.

Sabroso señaló que el PSOE, al entrar a gobernar en 2015 -después de haber denunciado el PP la gestión de Emalsa-, 'desacredita' los cinco informes realizados durante la etapa de Cardona y encarga otro donde los funcionarios realizan unas conclusiones "aún más graves". Sin embargo, lamentó que administrativamente no ejecutó "ni una sola actuación" a pesar de ocasionar un "perjuicio" a los ciudadanos, que son los que pagan las facturas del agua.

LA SITUACIÓN ES "EXACTAMENTE LA MISMA"

Actualmente, la situación en el año 2020 es "exactamente la misma", ya que se mantienen los contratos después que el propio alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, haya admitido que en enero de 2019 interpuso una denuncia y cuestionan por qué siguen vigente los contratos. "El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria sigue sin adoptar ningún tipo de decisión", apostilló.

Por ello, el PP junto a Ciudadanos y CC-UxGC, han solicitado un pleno extraordinario urgente para pedir explicaciones al equipo de gobierno sobre la situación de Emalsa y sobre la denuncia que Hidalgo interpuso en 2019, ya que critican que no se haya informado a "nadie" al respecto.