Un juez instructor ha abierto este martes diligencias previas contra la empresa Verter Recycling 2000 SL, propietaria del vertedero derrumbado en Zaldibar (Bizkaia), en el que dos trabajadores permanecen sepultados desde el jueves, por un presunto delito ambiental y laboral.

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Así lo ha desvelado el consejero portavoz del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka, durante la rueda posterior al Consejo de Gobierno en la que no ha ofrecido más datos sobre esta apertura de diligencias.

Erkoreka ha afirmado también que la gestión que está haciendo dicha empresa sobre el derrumbe, en relación con la administración pública vasca, es "manifiestamente mejorable" en los ámbitos medioambiental y laboral.

Sí ha apuntado no obstante que "lo más probable" es que el Gobierno Vasco se persone en la causa porque tiene "muchas alegaciones" que aportar y porque va a exigir responsabilidades a la propietaria del vertedero.

Plan de actuación

Por su parte, el Departamento vasco de Medio Ambiente ha ordenado este martes a Verter Recycling 2000 SL, que remita, “en el plazo improrrogable de 7 días”, el avance de un plan de actuación para afrontar este suceso.

Dicho plan será analizado y valorado por la Administración ambiental, según la resolución enviada a la empresa y difundida por la Consejería de Medio Ambiente.

También se requiere a la empresa que, con "carácter inmediato" remita a este área “toda la información histórica de que disponga sobre la estabilidad del vaso de vertido” de la instalación, así como la documentación del Plan de Vigilancia Ambiental de 2019, que en una situación ordinaria debía entregar antes del 31 de marzo, así como "cualquier otra documentación de interés en relación al incidente".

El Gobierno Vasco indica a la empresa que deberá recopilar toda la información que se genere en relación al derrumbe para que, posteriormente, se pueda determinar la magnitud del daño producido y se le advierte de que, en el caso de incumplir lo obligado por la legislación ambiental o de hacerlo de forma incompleta, la Administración ambiental “dictará orden de ejecución forzosa y se le impondrá multas coercitivas quincenales al objeto de asegurar el cumplimiento de lo ordenado”.

Otra exigencia que se transmite a la empresa es que informe sobre el deslizamiento del vertedero a la compañía aseguradora con la que tiene suscrito el seguro obligatorio de responsabilidad medioambiental y civil por contaminación derivada de la actividad del vertido de residuos no peligrosos.

La resolución se ha comunicado, asimismo, a los departamentos de Seguridad, Trabajo y Justicia y Salud del Gobierno Vasco, a la Agencia Vasca del Agua-URA, al Consorcio de Aguas de Gipuzkoa-Gipuzkoako Urak, y a los ayuntamientos de Eibar, Ermua y Zaldibar. 

Identificar el daño

Erkoreka ha explicado que este plan debe identificar "el daño hecho" y concretar el alcance del mismo y también el requerimiento exige a la empresa que remita a la administración un plan de vigilancia ambiental "con la máxima celeridad".

"Si la empresa no opera de buen grado en el cumplimiento de estas exigencias legales se le instaría a una ejecución forzosa con los mecanismos y multas coercitivas correspondientes que están previstas en la ley", ha advertido Erkoreka.

En ultima instancia, si la empresa no acometiera ese requerimiento, ha asegurado el portavoz, la administración vasca procedería a la "ejecución subsidaria", es decir, ejecutaría esas labores repercutiendo luego a la empresa el coste correspondiente.

Erkoreka ha insistido en que la respuesta de la empresa ante esta catástrofe "está siendo manifiestamente mejorable en todos los ámbitos", tanto en el de la inspección laboral como en el mediambiental. "Es absolutamente insatisfactoria", ha remarcado.