Arranca en el Congreso el camino para despenalizar la eutanasia

Los hijos y el marido de Maribel Tellaetxe, enferma de alzhéimer, recogen firmas para la despenalización de la eutanasia.
La familia de Maribel Tellaetxe recogió firmas para la despenalización de la eutanasia.
ELENA BUENAVISTA
La familia de Maribel Tellaetxe recogió firmas para la despenalización de la eutanasia.
ELENA BUENAVISTA

El 11 de febrero de 2019, dos familias entregaron en el Congreso más de 283.000 firmas a favor de la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido. Este martes, justo un año después, la proposición de ley al respecto será la primera medida de la legislatura en ser tramitada en la Cámara. Una iniciativa que, en palabras de María Luisa Carcedo, exministra de Sanidad y la diputada socialista que la defenderá en la tribuna, va a suponer "un nuevo derecho" cuyo procedimiento se regula para "dar las máximas garantías de que no se utiliza de forma indebida".

La propuesta legal, presentada por el PSOE, es la misma que fue admitida a trámite en septiembre con los votos a favor de todos los partidos, excepto PP y Vox. Su desarrollo decayó por la convocatoria electoral del 10 de noviembre, que paralizó la actividad parlamentaria. En esta nueva votación se espera que los grupos mantengan su postura, toda vez que Ciudadanos ha avanzado su sí bajo el argumento de que existe un "gran consenso social" para regular esta práctica y es "complementaria" a su proyecto de muerte digna, registrado este lunes.

Los populares niegan la existencia de dicho consenso y plantearán una "alternativa". La vicesecretaria de Política Social, Cuca Gamarra, incidió en que su partido no ve "oportuno" debatir sobre una norma como la socialista, sino sobre una ley integral de cuidados paliativos, "el camino" en el que, en su opinión, sí "hay amplio consenso".

En 2018, el pleno ya había respaldado una proposición sobre la eutanasia que el PP y la formación naranja paralizaron, utilizando la mayoría que tenían entonces en la Mesa, con la aprobación de sucesivas prórrogas al plazo de modificaciones. "Vamos a impedir que se autorice un incremento de plazos para la presentación de enmiendas, como ocurrió la otra vez, más allá de lo que el reglamento prevé. Este establece que cada grupo puede solicitar una ampliación. Espero que la presión ciudadana haga que no se intenten alargar los plazos indebidamente", advierte Carcedo en declaraciones a este diario.

"Muy esperanzados"

También David Lorente espera que ese bloqueo no se produzca. Él es miembro de una de aquellas familias que hace un año estaban en el Congreso. "Nos sentimos muy esperanzados. Las condiciones que se dan ahora no se habían dado nunca. Cada vez tiene más apoyo parlamentario", afirma al otro lado del teléfono este vecino de Portugalete, en Vizcaya.

Su madre,Maribel Tellaetxe, falleció en marzo después de doce años con alzhéimer. Esta mujer le había pedido a los suyos que la ayudaran a marcharse al primer síntoma que mostrase que estaba dejando de reconocerlos, pero aunque lo había dejado escrito en un Documento de Voluntades Anticipadas, ni David, ni sus hermanos ni su padre pudieron cumplir su deseo porque podrían haber sido condenados.

Pese a que la despenalización llega tarde para ella, su marido y sus hijos no han desistido en una lucha que es "para todos" y hoy "será un gran día". "Si fuera diputado votaría a favor de la proposición. Hay puntos en los que discrepamos, pero si no la apoyamos por no estar al 100% de acuerdo dejamos en la estacada a un montón de personas que está sufriendo", manifiesta David, que entre esas discrepancias cita dos. Por un lado, que "los supuestos que tiene en cuenta incluyen a la mayoría de quienes están pidiendo la eutanasia, pero siempre hay gente que se sale de la norma y queda desamparada". Por otro, tampoco es favorable a la creación en cada comunidad de comisiones de control y evaluación que podrían dar "una opinión más política que técnica".

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública también apuesta por "mecanismos suficientes para que el cumplimiento de la ley pueda hacerse efectivo en todas las autonomías independientemente de las posiciones ideológicas de sus gobiernos". "Lo regulamos así porque hay que respetar las competencias de las comunidades", replica Carcedo, que recuerda que a la votación le seguirá la oportunidad de presentar enmiendas y "se debatirá todo".

David espera que ese proceso que se inicia ahora se agilice lo máximo posible: "Queremos que la ley esté operativa cuanto antes, por todos aquellos que ya están en la misma situación que estaba mi ama".

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