En rueda de prensa, la edil del PP ha analizado la situación suscitada después de que en 2018 fuesen aprobados unos nuevos estatutos para la Gerencia de Urbanismo, al objeto de que dicho organismo autónomo del Ayuntamiento integrase las competencias de Medio Ambiente y constituyese una ventanilla única para la concesión de las licencias de obras y de actividades, pues las mismas se tramitaban por procedimientos separados. La idea, así, era agilizar la concesión de las licencias necesarias para la apertura de nuevos negocios en la ciudad.

Al respecto, después de que el concejal de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz (PSOE), defendiese en su momento que la culminación de la operación estaba pendiente de "un acuerdo laboral al respecto", y de que los populares señalasen la falta de acuerdo en las mesas técnicas celebradas para dilucidar cómo incorporar la plantilla del servicio municipal de Protección Ambiental en la Gerencia de Urbanismo, pues esta última entidad es un organismo municipal autónomo, la edil del PP ha avisado de que el Gobierno local socialista llegó a "plantear en dos fases la integración".

Tal extremo, según dice achacando estas decisiones al Gobierno local, implicaba "dividir la plantilla" del área municipal de Medio Ambiente "de forma autoritaria, porque los sindicatos calificaron esta adscripción como decepcionante, incongruente, inasumible o discriminatoria".

LA ESTRUCTURA

A día de hoy, según ha avisado, "no se ha creado una estructura física, jerárquica y funcional donde integrar a los funcionarios que se trasladaban" desde el municipal de Medio Ambiente a la Gerencia de Urbanismo, toda vez que "finalmente se ha trasladado a seis funcionarios", mientras según rememora Muñoz habría asegurado que "se trasladaría a 20 funcionarios y posteriormente a once". Además, advierte de que no han sido realizadas "las auditorias para detectar los cuellos de botellas por expedientes sin revisar", que el PP estimaba en unos mil.

Igualmente, señala la idea de elaborar un "libro blanco de obras y actividad" para unificar criterios entre los distintos técnicos que participan en el estudio de proyectos de obra y de actividad, porque "tampoco se ha hecho" y "sigue existiendo confusión entre los técnicos sobre quién realiza determinadas tareas en los informes y en los criterios a aplicar".

INCIDENCIAS CON LAS LICENCIAS

Finalmente, avisa de "falta de conciencia y de conocimiento al otorgar las licencias de obras y actividad" en el caso de implicar actividades tramitadas por el procedimiento de Calificación Ambiental, provocando inseguridades jurídicas y perjuicio económico a los inversores o promotores". "Agilizar no significa no cumplir con las normas y comprometer a los titulares de actividades, volcando la responsabilidad en ellos, mediante documentos firmados a los que denominan comparecencias, que además en algunos casos no tienen informe favorable de calificación ambiental, o la tienen por silencio positivo o incluso no la han solicitado", ha aseverado.

Así, señala los casos de tres calificaciones ambientales "asociadas a licencias de obras y una de ellas no tiene solicitada la calificación ambiental y dos tienen informes desfavorables, y aun así les han concedido licencias de obras", avisando de "irregularidades, inseguridad jurídica, falta de transparencia, de rigor y garantías en la tramitación de licencias de obras y actividades".