El ministerio que dirige el socialista José Luis Ábalos se ha presentado en la causa, a través de la Abogacía del Estado, una actuación que los nacionalistas denuncian porque "no están defendiendo los derechos de los usuarios perjudicados por las continuas retenciones derivada de las obras de ampliación", pero "sí" los intereses económicos de Audasa, empresa concesionaria.

Por ello, ha reclamado explicaciones ante la "repentina solicitud" de intervención en la causa y ha rechazado el posicionamiento "en defensa de la empresa por el cobro de tarifas indebidamente cobradas durante las obras" y transcurrido más de un año desde el inicio del procedimiento judicial.

A pocos días de la celebración del juicio, fijado para los días 11 y 12 de febrero, la Abogacía del Estado ha solicitado personarse en la causa en representación del Ministerio de Transportes, que alega que esta demanda puede alterar la concesión que la empresa tiene hasta 2048. El Ministerio Público presentó un recurso de reposición ante el juzgado pontevedrés contra la resolución que acuerda dar por personada a la Abogacía.

Al respecto de estos hechos, Néstor Rego ha afirmado que no puede "más que sorprenderse" de esta actitud tomada por el ministerio, "saliendo en ayuda" de la concesionaria, "en lugar de tomar partido por la defensa de los derechos de los usuarios", postura que también defiende la Fiscalía.

El Ministerio Público denuncia que Audasa siguió cobrando idénticas tarifas pese a las "restricciones permanentes" del tráfico durante el periodo en que se vio afectado en el tramo de Rande, debido a la reducción de carriles en uso y la rebaja en los límites de velocidad. A pesar de ello, recuerdan los nacionalistas, no solo se mantuvo el cobro íntegro del peaje, sino que incluso se incrementó a partir del 1 de enero de 2018, tras la inauguración de obras que se realizó el 30 de diciembre de 2017, aunque luego se siguieron realizando trabajos similares en la calzada posteriores a esta fecha.