El Tribunal ha ordenado dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Parlamento y Gobierno de Navarra, respectivamente, para que puedan personarse y formular las alegaciones que estimen convenientes.
El Gobierno central considera que "se ha podido vulnerar la competencia estatal en materia de legislación civil recogida en el art. 149.1.8 CE", ha explicado el TC en un comunicado.
Esta decisión no supone la suspensión automática de los preceptos impugnados, al no haber invocado el Gobierno el art. 161.2 de la Constitución.
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